EL MUNDO 16/01/16
· El Tribunal de Cuentas de España emite un duro informe sobre las millonarias ayudas públicas a los fiascos de Epsilon e Hiriko
· En conjunto, Epsilon e Hiriko se han tragado más de 65 millones públicos
El Tribunal de Cuentas de España aprobó el pasado 22 de diciembre un muy contundente informe de fiscalización sobre las ayudas públicas concedidas tanto por el Gobierno central como por el Gobierno vasco, así como sobre las subvenciones forales de menor cuantía, a los proyectos automovilísticos impulsados por el PNV en Vitoria, Epsilon e Hiriko. En sus conclusiones, los auditores resaltan la falta de justificación de un buen número de líneas de ayuda y también la imposibilidad de recuperar ese dinero público toda vez que las sociedades que soportaban ambos proyectos han quebrado y están en concurso de acreedores.
Esta auditoría, de casi 140 folios, forma parte de las solicitudes de documentación de la comisión de investigación que en 2014 se llevó a cabo en el Parlamento Vasco en torno al sueño de crear una escudería vasca de Fórmula 1 (Epsilon) y al consorcio de empresas para construir el coche eléctrico made in Basque Country (Hiriko). El dictamen llega a la Cámara en 2016, casi con dos años de retraso y cuando ambas aventuras empresariales se analizan ya más en los tribunales (de lo mercantil y de lo penal) que en la arena política.
Epsilon-Euskadi fue impulsado por el catalán Joan Villadelprat. En total, se ha tragado unos 48 millones de euros. Hiriko, liderada por el empresario Jesús Echave, trató de desarrollar un vehículo eléctrico que cambiara el concepto de movilidad urbana a escala mundial. El proyecto ha supuesto una pérdida de unos 18 millones. En ambos casos, los empresarios contaron con el apoyo político decidido del PNV tanto desde el Gobierno vasco como mediante su mediación ante el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que cerraron varios acuerdos presupuestarios en la legislatura 2008-2011.
En sus conclusiones sobre Epsilon, el Tribunal de Cuentas enumera un conjunto de «irregularidades» en el control de las decenas de programas de ayudas a la I+D a los que se acogió la empresa de Villadelprat y que alcanzaron casi los 32 millones. El informe alude a «ineficiencias», a la falta de «informes que justificasen la necesidad u oportunidad» de algunas operaciones o directamente de apoyo económico «no sometido a límite legal alguno».
Capítulo específico merece la ayuda indirecta más importante que obtuvo Epsilon, una «cesión de rango hipotecario» valorada en 16 millones de euros. Cuando la empresa de Villadelprat, sustentada fundamentalmente con el apoyo público, empezó a atravesar problemas económicos solicitó un doble crédito de 8 millones a las extintas Kutxa y Vital, ahora Kutxabank. Para que esta empresa privada lograra financiación, la dirección del parque tecnológico de Miñano -donde tenía su sede Epsilon- avaló a Villadelprat con patrimonio público, con el propio pabellón de Epsilon. Cuando la firma entró en concurso de acreedores, el banco vasco ejecutó el aval y los 16 millones salieron de las arcas públicas. Como desde entonces no ha habido comprador para esas instalaciones, ese dinero se suma la cuenta de pérdidas del proyecto Epsilon.
Los auditores indican que esa operación «no puede considerarse acorde al objeto social del parque tecnológico de Álava». Además, indica que «para hacer frente a esta operación se tramitó una modificación de los presupuestos del parque no aprobada por el Parlamento», una obligación para aquellas partidas económicas que superen una determinada cuantía.
Se da la circunstancia de que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas dio el visto bueno a este aval encubierto en un polémico dictamen que acabó por dinamitar la paz interna del organismo autonómico. El borrador elaborado por el entonces presidente, José Ignacio Martínez Churiaque, propuesto por el PP, señaló estas mismas irregularidades que ahora ve el ente fiscalizador del Estado.Sin embargo, la mayoría del pleno, conformada por los vocales propuestos por PNV y PSE-EE, eliminó estas conclusiones y reseñó que aquella operación se ajustó en todo momento a la legalidad, tanto cuando el Gobierno de Juan José Ibarretxe firmó la «cesión de rango hipotecario» como cuando el de Patxi López pagó a Kutxabank los 16 millones. De los cuatro informes técnicos elaborados al respecto, sólo uno sostenía esta conclusión.
En cuanto a Hiriko, articulado en torno a la sociedad «sin ánimo de lucro» Afypaida, el Tribunal de Cuentas llama la atención que esta entidad fuera la única beneficiaria de las ayudas públicas aun cuando los componentes del vehículo fueron fabricados por otras empresas del consorcio. Como ahora la matriz ha quebrado pero no todas las proveedoras, «se debilita así la posibilidad de recuperar cantidades por exigencia de reintegro» y el Estado queda a expensas de un incierto concurso de acreedores. Se indica también que algunos gastos de Hiriko que fueron subvencionados no deberían haberlo sido al no estar debidamente justificados. Es el caso de 9.800 euros en viajes: «No se acompañaban de la explicación imprescindible para acreditar su relación con el proyecto». En Hiriko la Fiscalía denunció a cinco de sus promotores por haber desviado presuntamente parte de las subvenciones públicas para lucro personal.
Analizados ambos casos de manera conjunta, el informe plantea una serie de «recomendaciones» para mejorar el control de ayudas a la I+D. Alude, por ejemplo, a la necesidad de que una empresa beneficiaria de una subvención nunca subcontrate el 100% del proyecto a un tercero. Igualmente, reclaman «un análisis más profundo de la situación económico-patrimonial de los beneficiarios a los efectos de exigir garantías de los fondos entregados». En ambos casos, Epsilon eHiriko, la inversión privada era mucho menor a las ayudas públicas, que eran el único sostén para su viabilidad empresarial.
Asimismo, plantea que todas las instituciones actúen de manera «coordinada» cuando subvencionan un mismo proyecto. Y, sobre todo, incide en la importancia de «establecer mecanismos eficaces de control y de revisión de las solicitudes de ayudas y subvenciones», sobre todo en el caso de que se repitan año a año. Exige un seguimiento sobre el cumplimiento efectivo de los objetivos de manera regular para «reclamar mayores garantías en el caso de que se observaran dificultades».