Editorial-El Español

Afin de responsabilizar exclusivamente a Carlos Mazón de las muertes ocasionadas por la dana de Valencia, Pedro Sánchez afirmó el pasado sábado que «la negligencia de uno causó una auténtica tragedia».

Pero, al contrario de lo que alega el presidente de forma torticera, el año transcurrido desde la mortal riada enseña que se trató de una tragedia fruto de la negligencia de muchos.

Y la mayor de ellas es la imputable a quien no realizó las obras de protección hidráulica que estaban previstas y que pudieron haber mitigado el impacto de las inundaciones.

No otra cosa se deduce de la estadística comparativa: al menos 200 muertes, casi el 90% de las que se produjeron el 29 de octubre de 2024, tuvieron lugar por las inundaciones de la cuenca del Poyo.

Es decir, la única de las tres que sufrieron colosales avenidas de agua que carecía de la solución de encauzamiento y drenaje para la protección de la población.

Como ha reconocido la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a EL ESPAÑOL a instancias de Transparencia, una inversión de sólo 228 millones habría bastado para evitar la catástrofe. Un proyecto que paralizó el actual gobierno socialista en 2021 «por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales», tal y como admitió en septiembre de ese año la CHJ, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica de la entonces ministra Teresa Ribera.

De hecho, la segunda mayor responsabilidad en la no evitación del siniestro corresponde a la propia CHJ.

Porque, como reveló EL ESPAÑOL, el órgano encargado de monitorizar las cuencas omitió 15 alertas sobre el caudal del barranco del Poyo durante la hora y media clave de la crecida. Y por tanto incumplió sus protocolos internos, que establecen que debe comunicarse via email al Centro de Emergencias toda crecida superior a los 150 m3/s.

La CHJ admitió en la documentación que remitió a la jueza que investiga la dana que detectó «un incremento súbito de caudal a partir de las 17:40 horas» en el barranco del Poyo. Sin embargo, no informó por correo a la Generalitat hasta las 18:43, cuando ya se habían producido muchas muertes en las localidades anegadas.

Y el tercer lugar en el orden de atribución de culpas figura la falta de diligencia achacable a Carlos Mazón.

Es absolutamente reprochable la forma en que el presidente de la Generalitat Valenciana ha informado de sus movimientos aquella tarde, habiendo ofrecido sucesivas versiones contradictorias sobre el «almuerzo de trabajo» que se alargó durante horas en una jornada en la que las emergencias ya estaban movilizadas por la alerta meteorológica, y mientras el Cecopi llevaba reunido desde las 17 horas.

Es verdad que Mazón no contaba con elementos de juicio que se correspondieran con la magnitud del temporal histórico que acabó devastando la Huerta Sur. Pero también que Mazón demostró no tener un criterio atinado a la hora de evaluar correctamente el riesgo. Máxime cuando, a pesar del apagón informativo de la CHJ, el Cecopi sí disponía de una contundente fuente de información: el aluvión de llamadas a su servicio del 112 relatando situaciones dramáticas.

En ese sentido, será de vital interés la testifical de la periodista con la que comió ese día, ordenada la pasada semana por la Audiencia de Valencia para el próximo 3 de noviembre.

Porque, como han indicado los magistrados en ese auto, practicar estas diligencias sobre la comida en El Ventorro puede servir para «averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes» del Cecopi. Porque «no cabría descartar que la testigo escuchara, bien lo que el presidente de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces consellera (Salomé Pradas), bien comentarios que el presidente pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones».

Si Maribel Villaplana corrobora, como declaró en su carta abierta, que Mazón no le trasladó «ninguna inquietud al respecto» de la emergencia que estaba gestionando su equipo, cobrará aún más fuerza la tesis de que Mazón no estaba siendo informado de la auténtica gravedad de lo que estaba sucediendo. De lo contrario, lo razonable es pensar que habría abandonado inmediatamente el restaurante.

En cualquier caso, la imprudencia de Mazón tiene más que ver con la falta de transparencia, y con la traición a la confianza que debe transmitir un gobernante obligado a rendir cuentas de su actuación, que con la responsabilidad directa que pudiera tener él en la tragedia.

Focalizar, como está haciendo el Gobierno, toda la culpa en el presidente de la Generalitat no es más que una cacería de motivación política para cobrarse la pieza de un Mazón que se ha conducido con torpeza.

Con esta estrategia comunicativa, el Gobierno intenta dotarse de una coartada para encubrir su propia dejación de funciones. No sólo la que le correspondía en la prevención de la catástrofe, sino también en las labores de reparación.

Porque el Gobierno central no está brindando el menor apoyo al plan de reconstrucción del ejecutivo valenciano.

El presidente no tiene apenas interlocución con su homólogo valenciano, y su Ejecutivo sigue resistiéndose a participar en una comisión mixta con la Generalitat en la que ambas administraciones coordinen la reconstrucción, como sería lo exigible.

No es de recibo que la Generalitat se vea forzada a recurrir a la financiación privada porque el Gobierno esté escamoteando la inyección de un Fondo de Liquidez Autonómica adicional para cubrir los gastos extraordinarios derivados de la emergencia.

Como tampoco que únicamente el 35% de los millones movilizados por el Gobierno corresponda a ayudas directas a los afectados, lo cual supone sólo el 17% del total que Sánchez prometió desembolsar.

El funeral de Estado que se celebra hoy obliga a guardar el duelo por las víctimas que perdieron la vida en la mayor catástrofe de la historia reciente de España.

Pero este mismo espíritu de concordia nacional ha de prolongarse en la superación de los tacticismos políticos y en el compromiso con una colaboración leal y activa entre las autoridades competentes para devolver la normalidad a los centenares de valencianos que un año después siguen sin poder recuperar sus vidas.