JOSÉ MARÍA CARRASCAL, ABC – 18/07/14
· Si el Gobierno catalán quiere crear unos impuestos propios, allá él y sus contribuyentes. Pero Hacienda tiene que seguir habiendo solo una.
Esa «tercera vía» que el diario ElPaís anuncia en primera página para resolver el problema catalán se la oí hace un año al que fuera primer representante comercial de la Generalitat en Nueva York, e incluso se la expuse a los lectores de ABC en una de estas «postales» en plan anecdótico, pues tampoco daba para más.
«Mira, José María –me dijo al finalizar una cena, en plan amistoso, pues siempre nos hemos llevado muy bien–, este asunto se resuelve fácilmente. Con que el Gobierno español acepte la singularidad catalana tanto en el terreno cultural como en el tributario, la cosa está resuelta». Mi respuesta fue: «Eso no resuelve el problema, sino que lo agrava. El hecho diferencial cultural catalán está más que reconocido. El conceder a Cataluña un régimen tributario propio, en cambio, no haría más que aumentar las desigualdades entre los españoles. Lo que habría que hacer es acabar con las excepciones fiscales vascas y navarras, que si no las acabamos nosotros, las acabará Bruselas».
Ahí acabó la conversación. Ahora nos enteramos de que es lo que sugieren los empresarios catalanes –una Agencia Tributaria propia– a Rajoy para «evitar el avance de las posiciones soberanistas». ¡Vaya descubrimiento! No hay mucha diferencia con aquellas propuestas que desde Barcelona se hacían a Madrid hace más de un siglo: alza de los cánones arancelarios a los productos extranjeros que competían con los catalanes a cambio de poner freno a sus ambiciones soberanistas. Aunque han cambiado mucho las cosas en España y en Europa –en realidad, todo–, parece que en Cataluña continúan lo mismo. Incluso acentuadas.
Estamos hablando del principio fundamental de la democracia: todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y esa igualdad, aunque a muchos les extrañe, empieza por los impuestos. Dado el desastre de nuestro sistema educativo, son ya muy pocos los españoles que saben que la revolución inglesa –muy anterior a la francesa, pero de consecuencias más largas y profundas– consistió en la pugna entre el rey y el Parlamento sobre quién era el capacitado para imponer tributos. Y acabó con la decapitación del rey –Carlos I– y el establecimiento de unos impuestos generales a cargo del Parlamento. Estamos hablando de 1649, y así lo han aceptado todas las democracias excepto aquellas en las que siguen vigentes derechos tan caducos como los fueros medievales.
O sea, la creación de una Agencia Tributaria catalana propia no, ya que sería tanto como dar implícitamente una soberanía estatal a Cataluña que hoy no tiene, y, a la vez, volver a someterse a su chantaje. Si el Gobierno catalán quiere crear unos impuestos propios al margen del IRPF, allá él y sus contribuyentes. Pero Hacienda tiene que seguir habiendo solo una.
Por no hablar ya de la que tal Agencia armaría en el resto del país, si país pudiera llamarse.
JOSÉ MARÍA CARRASCAL, ABC – 18/07/14