El empeño del Gobierno en responder al PP que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial cada vez que los de Feijóo preguntan a Sánchez por el daño irreparable de la ley del ‘sólo sí es sí’ no consigue desviar el foco. El equipo de La Moncloa lleva dos días intentando distraer la atención sobre sus últimos errores legislativos. En el Senado y en el Congreso. Pero la visita que ha realizado la delegación de la Comisión de Igualdad de Género del Parlamento Europeo no ha ayudado nada a la operación de distracción. Más bien al contrario. La oposición escenifica su contrariedad por la tardanza del Gobierno en reformar la ley. Dice el PSOE que quiere hacerlo con urgencia pero el calendario se va dilatando mientras las ministras protestan por lo que ellas denominan un «inusitado» interés del PP por el feminismo. En este clima tan apaciguador, las europarlamentarias no las tienen todas consigo. Ayer tuvieron que oír, del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, que la ley del Gobierno ha causado ya un daño «profundo e irremediable». Una ley que contempla unas rebajas de penas por la unificación de delitos de agresión y abuso sexual que está provocando que se tenga que aplicar la norma más favorable al reo. Que ya se han visto beneficiados más de 520 casos pero que pueden llegar a afectar a 4.000 reclusos.

Ha sido ésta una visita inoportuna e incómoda para el Ejecutivo. Tanto es así que ha habido medios que han querido dejar caer la sospecha sobre los intereses ocultos que puedan estar moviendo a la popular polaca Elzbieta Lukacijewska que preside una delegación de tendencia multicolor. No es casualidad que la exvicepresidenta Carmen Calvo se atreviera a insinuar que no le gustaba que vinieran de fuera a poner en dudas las normas del Gobierno. Pero la aludida le respondió que son normas habituales. Que la misma Carmen Calvo visitó en su día Polonia para pedir explicaciones sobre normas internas. A cada cual lo suyo. La delegación del Parlamento Europeo ha podido constatar la distancia entre los datos que ofrece el Ministerio de Igualdad y los que manejan en el mundo de la judicatura. Y con la sensación de que la ministra Irene Montero, encerrada en su palacio de la soberbia, es incapaz de reconocer lo que ya sentenció la semana pasada la ministra Llop. Que el problema no está en los jueces sino en su ley.

En la sesión de ayer en el Congreso, en la que el Gobierno volvió a ejercer el papel de controlador de la oposición, el PP se mostró incrédulo sobre la falsa urgencia de la reforma del PSOE para enmendar el error. Pero seguir pidiendo dimisiones es un brindis al sol en este Gobierno. La coalición ha entrado en la UCI, pero ahí pueden estar, con los debates jurídicos bajo la camilla, hasta vísperas de las elecciones. Las europarlamentarias lo han podido comprobar en vivo y en directo. Y recomendarán a otras naciones no rebajar las penas mínimas por delitos sexuales. Que ahí fue donde empezó el desastre jurídico.