EL MUNDO 15/10/14
Los mimbres sobre los que Artur Mas quiere sostener el sucedáneo de la consulta del 9 de noviembre dejan en el aire contradicciones, cabos sueltos e inconcreciones que el president no quiso aclarar ayer «para no dar pistas al adversario». A la espera de conocer al completo su contenido, el plan B del Govern nace sin una ley clara, sin una convocatoria oficial y sin censo previo.
¿Bajo qué marco legal se celebrará la votación?
Es el aspecto más endeble de la nueva propuesta. Con la Ley de Consultas no refrendarias que amparaba el 9-N suspendida por el Tribunal Constitucional, Mas aspira a aprovechar las pocas rendijas que le quedan. Entre ellas aludió a las competencias que el Estatut y la Constitución otorgan a la Generalitat en materia de «participación ciudadana». La falta de transparencia del president, sin embargo, deja en el aire otras opciones, las cuales nacerían sin recorrido si el Gobierno recurre contra ellas, tal y como está previsto.
¿Una ley anterior o la actual?
Mas se limitó a mencionar como paraguas «marcos legales preexistentes» a la actual Ley de Consultas. De esta forma, apuntó a una Ley de Consultas anterior, aprobada en 2010 por el tripartito y en vigor actualmente, pero cuya aplicación es compleja al estar a la espera de una sentencia del Constitucional.
La versión ofrecida ayer por Mas también resulta contradictoria con la tesis que sostienen desde la Vicepresidencia del Govern, responsables últimos de organizar la votación. Fuentes consultadas ayer aseguraron que la nueva consulta se sostendría en los artículos de la ley actual que no han sido todavía suspendidos por el TC. Sin embargo, el Gobierno también los tiene en su punto de mira.
Precisamente, en un intento de evitar nuevos recursos Mas eludirá en esta ocasión la firma de un decreto de convocatoria oficial como el que protagonizó solemnemente con la consulta original el 27 de septiembre en el Palau de la Generalitat.
¿Quién puede votar?
La población llamada a las urnas no sólo sería la misma que en su formato original, sino que podría incluso ampliarse. Se mantiene la llamada al voto a los mayores de 16 años, a catalanes residentes fuera del Estado y a extranjeros residentes en Cataluña. Pero ahora también se abre la puerta a que participen catalanes con residencia en otros puntos de España y que fueron excluidos en la consulta original. Eso sí, deberán estar en Cataluña ese día para votar de forma presencial.
¿Habrá censo?
La nueva convocatoria carecerá de censo previo. A diferencia de la versión anterior –en la que existía un registro oficial–, quienes quieran votar deberán apuntarse con el DNI el mismo 9-N en los puntos donde la Generalitat instale urnas. Así se evitarían denuncias de ciudadanos ante Protección de Datos por utilizar su información personal. «Un ridículo internacional terrible que no estoy dispuesto a asumir», dijo.
20.000 voluntarios y «ayuda» de los ayuntamientos
Mas recurrió ayer de nuevo a la población y al movimiento soberanista para su nueva estrategia. Dejó claro que serán «necesarias» las manos voluntarias que ya estaban reflejadas en el decreto original. Exactamente el Govern recurrirá a 20.000 personas que velarán para que «puntos de votación, urnas y papeletas» estén listos. También reclamó la colaboración de la «sociedad civil», eufemismo bajo el que se refiere a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Òmnium Cultural. El president también pidió la «ayuda» de los 920 ayuntamientos –de los 947 de toda Cataluña– que aprobaron mociones en favor de la consulta.
¿Dónde estarán las urnas?
Es uno de los aspectos que evidencian la fragilidad de la nueva votación. De los 4.000 puntos de votación que se preveían en la Ley de Consultas suspendida por el TC se pasará a sólo unos «centenares». Fuentes presentes en la reunión del lunes donde se rompió la unidad soberanista cifraron en 600 dichos puntos, con toda probabilidad institutos de enseñanza secundaria y centros propiedad de la Generalitat, para evitar problemas legales a los ayuntamientos.