Joseba Arregi-El Correo
Parece inevitable que la política lingüística aparezca una y otra vez en los medios de comunicación a raíz del anuncio del Gobierno vasco de una nueva iniciativa que trae consigo el subsiguiente debate. En las últimas semanas ha sido el anuncio de un decreto que permite a los/algunos ayuntamientos funcionar exclusivamente en euskera, dependiendo, eso sí, de la situación sociolingüística que se dé en el municipio y respetando siempre el derecho del ciudadano a elegir la lengua en la que quiere relacionarse con la Administración local.
En apariencia se trata de un paso más en la normalización del euskera, un paso reclamado hace tiempo y probablemente practicado ya por más de un ayuntamiento de una manera u otra. Como para la opinión mayoritaria todo lo que se haga por el euskera siempre es poco y puesto que se añaden dos cautelas dirigidas a respetar los derechos lingüísticos de los ciudadanos afectados, la propuesta no ha provocado un gran escándalo.
Pero siempre conviene mirar el asunto con cierto detenimiento. Es difícil imaginarse que un municipio establecido en un territorio que pueda ser declarado como sociolingüísticamente euskaldun, o muy mayoritariamente euskaldun, pueda actuar teniendo en cuenta solo a sus propios ciudadanos. Pudiera darse el caso de algún vecino empadronado en Bilbao y no euskaldun que compre una parcela de terreno declarado edificable en Zeberio y que, al pensar en construir una casa, está obligado a entrar en relaciones con ese Ayuntamiento. Pensemos que logra solventar todos los problemas y construye su casa. Supongamos que Zeberio ha decidido practicar la exclusividad euskaldun en su territorio, de forma que el propietario de la vivienda recibirá todas las comunicaciones de interés de la Administración municipal exclusivamente en euskera. En este caso, la libertad de elección de lengua del ciudadano le obliga a ser activo, declararse incompetente en euskera y pedir, como un favor, ser atendido en castellano.
Además de este ejemplo se puede recurrir a otros en los que se pone de manifiesto que la idea de territorio sociolingüístico mayoritariamente euskaldun no es de gran ayuda. ¿Hay algún municipio que en el conjunto de sus funciones se limite a su propio territorio? ¿No tendrá comunicación con otros ayuntamientos que estén en territorios sociolingüísticos de mayoría castellanoparlante?
Pero quizá nada de esto es grave pensando bien las cosas. Existen varios supuestos implícitos en la concesión de libertad de elección lingüística a municipios cuya situación lo permita que deben ser puestos de manifiesto. Ya hemos visto que la libertad lingüística de un ciudadano castellanoparlante que quiere actuar en un municipio que funcione solo en euskera queda condicionada. Pero hay algo más: el principio de libertad de lengua en los casos en los que existen dos oficiales significa que cualquier ciudadano, independientemente de cuál sea su condición lingüística, puede elegir cualquiera de las dos; incluidos, y esto es importante también los capaces de utilizar indistintamente ambas. La posibilidad de que un municipio pueda optar por el uso exclusivo del euskera en la relación con sus ciudadanos significa que todos ellos, lo quieran o no, están forzados a hacerlo en euskera con su Administración municipal y recibir, lo quieran o no, toda comunicación solo en euskera. La capacidad de uso habitual del euskera se convierte en obligación y la libertad de elección de lengua en fantasma.
Esto es lo que sucede cuando se trastuecan los términos de la libertad de elección. El sujeto de esta libertad de elección cuando se trata de lenguas cooficiales se predica del sujeto hablante, y no de la Administración que debe facilitar dicha libertad de elección. Pero con el derecho del Gobierno vasco este derecho se pone patas arriba: el que tiene libertad de elección de lengua es la institución administrativa y el ciudadano, en todo caso, en segunda derivada, no por supuesto, sino a petición expresa. El mundo de los derechos y libertades al revés. Solo si la Administración municipal funciona en las dos lenguas cooficiales tiene sentido la libertad de lengua del ciudadano
Las administraciones públicas en un territorio gobernado por el principio de la cooficialidad de dos lenguas vale un principio muy claro: ninguna puede esconder una de ellas en su actividad y en sus funciones normales . No es necesario recurrir ni a la preeminencia de la lengua materna ni a ningún otro argumento. Basta el estar asentado en un territorio con dos lenguas igualmente oficiales establecidas por ley para que ninguna de las dos pueda desaparecer de la actividad administrativa.
No es difícil dar con la idea que subyace a esta iniciativa, que viene de lejos: ir estableciendo, aunque sea en pequeños municipios y territorios, el principio de lengua única. Así se alcanza la independencia, la exclusividad, la unicidad de lengua. Por algo se empieza. Lo que se empieza defendiendo por el principio de respeto al principio de variedad y diversidad se pone de manifiesto como consecuencia de la voluntad de homogeneidad y uniformidad. No parece la forma más adecuada de avanzar hacia una sociedad en la que debe primar el valor de la convivencia. Si en nombre de las necesidades de la política lingüística se hace necesario impulsar el monolingüismo aparecen la exclusión social, el levantamiento de muros, la transformación de la lengua en marca de separación y diferenciación. No es precisamente la convivencia la que sale ganando, sino valores que, de boquilla al menos, decimos rechazar sin contemplaciones.
Hubo un tiempo en el que a la entrada de un municipio había un letrero que decía lo siguiente: «Kontuz. Hemen euskaldunak gaituk». («Cuidado. Aquí somos vascoparlantes»). Faltaba añadir en este letrero: reservado el derecho de admisión. No creo que sea el camino que el Gobierno vasco deba recorrer.