Editorial El Mundo
LA SENTENCIA de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel ha desatado una honda crisis política que ha provocado el bloqueo institucional de la legislatura y podría desembocar en la caída del Gobierno si la temeraria moción de censura presentada por Pedro Sánchez consigue los respaldos parlamentarios necesarios. La decisión del secretario general del PSOE ha sido precipitada e irresponsable y sólo responde a las irrefrenables ambiciones de poder de quien no disfruta ni siquiera de un escaño en el Congreso. No se entiende que tras el respaldo dado al Gobierno en la aplicación del artículo 155 en Cataluña, Sánchez pida ahora el apoyo de partidos como ERC, PDeCAT o Bildu, tres formaciones nacionalistas e independentistas que lo convertirán en su rehén político. La arrogante pretensión de liderar un gobierno monocolor con un grupo parlamentario de sólo 84 diputados, además de inviable supone una iniciativa que carece del aval de un acuerdo con el resto de partidos de la Cámara. Si realmente Sánchez quiere ser una alternativa de gobierno a tener en cuenta, debe retirar cuanto antes la moción de censura y hacer política con los grupos del Parlamento que no cuestionan la legalidad constitucional. No es ético aspirar al poder a cualquier precio. Y menos aún, si ese precio lo tasan los independentistas catalanes y vascos y los populistas antisistema de Podemos, cuyas aspiraciones pasan por provocar una ruptura territorial del Estado.
Después de haber logrado un difícil acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, la acción de Gobierno se ve abocada a una parálisis que podría tener graves consecuencias para el país. En sólo dos días, Rajoy se ha visto privado del apoyo de los partidos de la oposición que, como Ciudadanos, han declarado su intención de no volver a colaborar con un presidente del Gobierno que se ha visto deslegitimado tras la sentencia del caso Gürtel.
Mariano Rajoy había eludido hasta ahora sus responsabilidades políticas a la espera de que los tribunales se pronunciaran. Pues bien, ya lo hicieron el jueves. Cuando muchos de los españoles votaron al Partido Popular en las elecciones de 2015 y 2016, desconocían la realidad ocultada durante años de un partido que disponía de una contabilidad paralela y fraudulenta. Es necesario, por tanto, que Mariano Rajoy tenga un gesto de honestidad política y convoque nuevos comicios para que los ciudadanos decidan libremente quién debe estar al frente del Gobierno y cuáles son las políticas que quieren que se implementen. De esta forma quedaría restablecida la relación de transparencia que debe existir entre gobernantes y gobernados y que es uno de los fundamentos sobre los que se sustenta una democracia liberal y moderna.
Al disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, Mariano Rajoy estaría actuando de manera consecuente, responsable y con la necesaria visión de Estado que se requiere de un líder político de talla europea. No han sido pocos los logros de los que puede presumir este Gobierno. Sobre todo en materia económica. Nuestro país es uno de los que más crece de forma continuada en la Unión Europea y ha recuperado la confianza de los inversores extranjeros. Y esa estabilidad económica, necesaria para mantener el nivel de bienestar del que disfrutamos los españoles, no podrá ser sostenida por un Gobierno débil como el actual que se enfrenta a la incertidumbre de no contar con más respaldo que el de sus propios diputados. La caída ayer del Ibex-35, que cayó un 1,7%, y la subida de la prima de riesgo 15 puntos básicos en sólo una sesión son un claro ejemplo de las nefastas consecuencias que genera la inestabilidad política.
Pero sobre todo, un Ejecutivo en minoría y que sólo inspira desconfianza no podrá, tampoco, seguir haciendo frente al desafío secesionista, manteniendo la firmeza en la aplicación del 155 y garantizando la aplicación de la ley como herramienta única frente a quienes quieren romper nuestro marco de convivencia. Es necesario, por tanto, que España cuente con un Gobierno sólido y fuerte salido de la urnas, aunque eso suponga acortar la legislatura. Aún puede el Gobierno tomar la iniciativa y propiciar la convocatoria de elecciones generales pactando antes con Pedro Sánchez la retirada de la moción de censura. Es la opción más sensata de las posibles y que evitaría el espectáculo de tener un Parlamento y un Gobierno con las manos atadas. Tiene razón Rajoy en el fondo de las críticas al líder socialista, pero la situación que vive España requiere de altura de miras y de la búsqueda de un consenso entre las principales fuerzas políticas, incluido el PSOE. Unas elecciones anticipadas que pongan fin a una legislatura ya agotada pueden devolver la legitimidad al Gobierno y a su presidente, no sólo ante los ciudadanos, sino ante nuestros socios europeos, que ven con preocupación un nuevo foco de desestabilización institucional en la UE tras la formación de un gobierno inesperado e incierto en Italia.