JON JUARISTI-ABC
La universidad pública española, a la vanguardia del populismo
SESENTA y tres profesionales y escritores –entre ellos, Savater, Azúa y Trapiello– acaban de hacer público un manifiesto cuestionando otro inmediatamente anterior de profesores universitarios que reclaman un cambio de la actual constitución por otra más progre. Entre los firmantes del manifiesto de Savater y compañía hay también profesores de universidad, pero apunta al lugar desde donde se está llevando a cabo la principal ofensiva contra la democracia liberal: es decir, a la universidad pública.
No hablo solamente de las universidades públicas de Cataluña. En la de Barcelona, se boicoteó violentamente, el mismo día en que tomaba posesión el gobierno de Pedro Sánchez, un acto de homenaje a Cervantes organizado por Sociedad Civil Catalana y presidido por Ricardo García Cárcel, catedrático de otra universidad pública de Barcelona (algo parecido se produjo el pasado lunes en Tarragona contra el profesor Jordi Canal, pero, al contrario de lo que sucedió en Barcelona, no tuvo lugar dentro de una universidad, y la policía pudo intervenir para disolverlo). En las universidades públicas catalanas la violencia contra los no nacionalistas es algo endémico, como lo comprobamos, hace muchos años, en Barcelona y Tarragona, Arcadi Espada y quien esto escribe. Pero no hablo de las universidades de Cataluña, sino de la universidad pública española, en general.
En su último libro sobre los populismos –El pueblo soy yo (Debate, 2018)– el historiador mexicano Enrique Krauze define a Podemos como un caso de «narcisismo universitario (típicamente latinoamericano)» afín a los estudiados por Gabriel Zaid desde hace más de cuarenta años: la universidad se contempla sobre todo como un medio que otorga credenciales para escalar en la pirámide del poder, por medios pacíficos o violentos. «La guerrilla latinoamericana –observa Krauze– no fue campesina, ni obrera ni popular: la encabezaron profesores y estudiantes. Si la realidad no se ajustaba a sus teorías, peor para la realidad. Para nuestros países, el costo de la guerrilla universitaria ha sido inmenso». De la universidad pública española no han salido guerrilleros ni terroristas (salvo de la del País Vasco), pero ha servido como gran campo de pruebas del populismo, o sea, de la apuesta por una «democracia popular» obsesivamente dirigida contra la constitución.
Como Francisco Sosa Wagner denunciaba hace unos días en El Mundo, la autonomía de las universidades ha sido el expediente necesario (y suficiente) para la instauración de este tipo de «democracia» en los claustros. La autonomía sustrae el ámbito de la universidad al imperio de la ley, facultando a las universidades para crear su propia legalidad, de forma más o menos arbitraria. Las normativas suelen estar tan espantosamente redactadas que su aplicación precisa de una interpretación previa por parte de instancias controladas por los mismos funcionarios que las suelen redactar, lo que añade confusión. Pero da lo mismo, porque, incluso en los raros casos en que la normativa es más o menos inteligible, los departamentos pueden decidir, por votación mayoritaria, no aplicarla. Así, cuando estorban a las redes de intereses que controlan la universidad las normas que ellas mismas han impuesto, las conculcan apelando a la democracia de base, y si alguien protesta, los capos de las redes responden que la normativa iba a cambiar en breve, o que no se aplica en orden a un valor superior que suele ser «el beneficio de los estudiantes». El modelo es, obviamente, el mismo de las «democracias totalitarias» como la venezolana. Los podemitas no se formaron en la Universidad Bolivariana. La española fue (y es) su mejor caldo de cultivo.