El Poder Judicial es una garantista garantía. Puro oficio y prestigio. Ni cuando la ilegalización de Batasuna. El Congreso ha reprobado de un plumazo a los tres generales de la Brigada Aranzadi: el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y el fiscal jefe Anticorrupción. Los llamó siervos de un Gobierno tóxico y hasta cómplices de la corrupción. Con estos aliados, para qué necesitamos separatistas, pensaría el ministro. Y también: «¿Cómo pueden acusarme de encubrir a mis compañeros de partido si la mitad están en la cárcel o políticamente destruidos? Más que por cómplice habría que reprobarme por incompetente». En efecto. Más abajo, la Audiencia Nacional refuerza día a día su autoridad moral. El juez Velasco, funcionario del mes, ha sido ascendido en reconocimiento a sus méritos como instructor. El principal, su sentido de la responsabilidad. Se lo confesó a un amigo: «¿Cómo voy a excluir de los sumarios los informes policiales a los que no concedo ningún valor probatorio? Jamás. Para que luego las acusaciones me pidan explicaciones a mí…». Y la UCO y la Udef, a través de sus terminales mediáticas. Perro no come perro, pero sí come juez. Y así nos enteramos de las contrataciones de Cifuentes y el teleprompter de Rajoy. Claro que lo de Acebes es peor: el juez Andreu ha decidido distinguir su trayectoria frente a las de otros ex consejeros de Bankia. Al socialista Virgilio Zapatero no lo imputó porque llegó al consejo apenas 20 días antes de la salida a Bolsa, pero a Acebes, que llegó un mes después, quiere sentarlo en el banquillo. Ya lo absolverán.
El Legislativo también exhibe su poderío. El pleno en forma. Qué mayor prueba de la resurrección del Parlamento que una moción de censura. Aunque a estas alturas de la legislatura –agotados los besos y biberones, las performances cañameras y la artillería dialéctica (del «me la sopla» de Iglesias al «se la refanfinfla» de Soraya)–, una sola moción sabe a poco. Consultemos la Constitución. Artículo 113: una moción de censura requiere de la firma de al menos 35 diputados, que no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Hagamos las cuentas: 350 diputados menos los 134 del PP son 216. Y 216 dividido 35 son 6,17. Formidable: seis mociones contra Rajoy. Qué oportunidad para comparar programas y perfiles. ¡Desfilando! El primero, Iglesias, claro. El segundo, Pedro Sánchez, el triunfador de la carnicería socialista: un reestreno en beauté. La tercera moción la merece, por su coherencia, el Macron español. La cuarta, por pedigrí democrático, Bildu, con la condición de que presente como candidato a De Juana Chaos. La quinta, para puro entretenimiento de la grada, se la encomendamos a Rufián. Y la sexta… La Sexta… pues al propio Puigdemont. Vuelta de tuerka perfecta al oh-qué-astuto ofrecimiento del Gobierno para que presente su plan de ruptura ante la sede de la estupefacta soberanía nacional.
En cuanto al Poder Ejecutivo, como un solo hombre. Literalmente. Flashback. Hace unas semanas, en un hotel europeo: el presidente Rajoy se ejercita en una cinta. Uno, dos, uno, dos. Mira la tele. De pronto, el locutor de TV5Monde anuncia en francés: «El presidente del Gobierno español deberá comparecer ante los tribunales por un caso de corrupción». ¡Oiga, que sólo voy de testigo! ¡Que la acusación popular la lideran dos viejos socialistas rencorosos! ¡Que la justicia está mediatizada! ¡Y cómo iba a saber yo en 2003 lo que hacían los ayuntamientos de Pozuelo y Majadahonda! ¡Que yo era entonces vicepresidente de Aznar! Vete a explicárselo al G-8.
El Gobierno va dando manotazos a lo King Kong. Nunca había sido tan evidente, y tan grave, la ausencia de un proyecto alternativo al que comparten la izquierda disolvente y el separatismo disoluto. Rajoy sabe ya que Homs y Mitterrand tienen razón: el nacionalismo es la guerra. Sabe también que no puede permitirse otro 9-N y que antes del otoño deberá pactar con el PSOE y Ciudadanos una posición común, que incluya, muy probablemente, una intervención policial de requisado de urnas. O incluso la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero sigue sin levantar la cabeza ni una bandera. Y ahora ha vuelto Sánchez, el de la nación de naciones. En su desesperación, los ministros se quejan de la pasividad de la sociedad civil. De la deslealtad de sectores de la Policía y de la Fiscalía. Del silencio resignado y cobarde de las élites ante los ataques al sistema. Pero ésta es su cosecha. Frente al relato de la oposición, poder sin poder, el Partido Popular no ha tejido las mínimas complicidades necesarias. Las que afloran y en su caso justifican penas de cárcel son de índole personal. Pero tramas no ha habido ninguna. Ni de afectos ni en beneficio de la nación común. El Estado democrático hace tiempo que languidece solo. Esta semana delirante vuelve a demostrarlo: el verdadero problema de España no es el desafío de Cataluña sino la abdicación de Madrid.
¿Y el cuarto poder? Los que crean que los medios tienen una grave responsabilidad en el devenir de un país también tienen su cita esta tarde en Madrid. Es a las siete y media en el Auditorio de la Mutua. Intervienen Carlos Herrera, Federico Jiménez Losantos, Bieito Rubido y el editor de este periódico, Antonio Fernández-Galiano. En esta otra gran época, en la que se profanan las palabras, en la que los hechos existen como noticia antes de producirse, en la que el ruido es más fuerte que la acción y en la que la sátira se convierte en un refugio, lo que digan será un indicio. Ya lo escribió Karl Kraus, citando a Bismarck: «Todo país será a la larga responsable de los cristales que rompa su prensa».