ABC 07/12/16
· En la mayoría de los consistorios, alcaldes y ediles trabajaron de puertas afuera
Con el precedente de lo ocurrido el 12 de octubre, Cataluña celebró –o todo lo contrario– el Día de la Constitución, una efeméride que el independentismo aprovechó para proclamar que, al igual que con la Hispanidad, «no hay nada que celebrar». Si bien con un tono más bajo que hace un par de meses, y sin que la Delegación del Gobierno –a diferencia de lo que hizo el 12 de octubre en Badalona– advirtiese a ningún ayuntamiento de la obligación de declarar festivo el día, fueron unos 350 los consistorios catalanes en los que sus alcaldes y ediles trabajaron, si bien la mayoría de forma simbólica y, con alguna excepción menor, sin abrir sus puertas al público.
El cambio de actitud en la Delegación del Gobierno y cierta contención en los consistorios tras lo ocurrido en Badalona contribuyeron a que la jornada transcurriese sin apenas incidentes. La normalidad en Cataluña pasa desde hace tiempo por mantenerse al margen de lo que en el resto de España es motivo de celebración. Buen número de consejeros de la Generalitat alardearon de agenda pública, mientras que alcaldes y ediles del PDECat, ERC, la CUP o de los «comunes» –como Gerardo Pisarello, en Barcelona– se tomaron el día como laborable. A medio gas, eso sí.
· Contención
La Delegación del Gobierno se reafirmó en su decisión de no actuar judicialmente si solo trabajaron electos
Incidente en Rubí
El incidente más destacable se produjo en Rubí (Barcelona), el único ayuntamiento catalán –gobernado por el PSC– que organizó un acto para celebrar la Carta Magna. Convocados por las juventudes del PDECat, varias decenas de independentistas trataron de impedir que se leyesen, en castellano y en catalán, varios capítulos de la Constitución, un ejemplar de la cual acabó por los suelos, quemado.
Al margen de este incidente, la jornada, por lo general, fue tranquila y solo en algún pequeño municipio gobernado por la CUP, como en Celrà (Gerona), se abrieron las puertas del consistorio y trabajaron de manera voluntaria cuatro funcionarios. En ese pueblo, y con la presencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se aprovechó para cambiar el nombre de plaza de la Constitución por el de una poetisa. El grueso de los consistorios adheridos a la campaña de la Asociación de Municipios por la Independencia optó por contra por organizar actos fuera de los edificios municipales, y sin la participación de funcionarios.
De hecho, que la «jornada laboral» solo la secundasen cargos electos fue uno de los requisitos que impuso la Delegación del Gobierno para no acudir a los tribunales, en una de las decisiones para favorecer el «deshielo» y evitar la «judicialización» en Cataluña adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El propio Millo, en Gerona, asumía que los ediles que ayer trabajaron «son representantes políticos electos y tienen libertad para expresarse». «Lo que sería infringir la ley sería poner la institución en funcionamiento y abierta con los servicios habituales y ordinarios», puntualizó.
Mientras el independentismo trataba de boicotear la fiesta del 6-D, los partidos y asociaciones constitucionalistas organizaron diversos actos a modo de desagravio. Sociedad Civil Catalana convocó una jornada festiva en Badalona, mientras que C’s reunió a 300 personas en Hospitalet y las juventudes del PPC repartieron ejemplares de la Constitución.
Paralelamente, y en una campaña de similares características a la de la AMI, en el País Vasco cuarenta de los ayuntamientos gobernados por Bildu abrieron ayer sus puertas y sus alcaldes y ediles «trabajaron con normalidad», según informó el parlamentario de esta formación Pello Urizar.