UPyD denuncia que PP y PSOE «manejarán el cortijo» del CGPJ

Tal y como adelantó ayer EL MUNDO, con la nueva ley, el PP podrá renovar en solitario el CGPJ, si no llega a un acuerdo con el PSOE, dado que el poder judicial podrá constituirse sólo con los 10 vocales elegidos por una de las Cámaras y, actualmente, los populares tienen una mayoría de tres quintos en el Senado. Este mecanismo está pensado para evitar los habituales bloqueos, que retrasan la renovación del órgano de gobierno de la Judicatura.

Pero las formaciones minoritarias lo interpretan como que PP y PSOE se han vuelto a repartir el pastel judicial en una prolongación más del tradicional bipartidismo, que excluye de la toma de decisiones a los grupos pequeños y «politiza» aún más la Justicia.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, afirmó ayer que, «en esto, el PSOE y el PP han vuelto a ponerse de acuerdo sin pestañear: manejar el cortijo con mayorías alternantes -ahora me toca a mí o a ti controlar el CGPJ o el Tribunal Constitucional- en función de quién gobierne».

«Es el principal pacto de Estado entre ambos, el único que no rompen nunca», prosiguió Díez. «Se tirarán los trastos por todo, aparentarán estar en las antípodas, pero, a la hora de la verdad, y para mantener secuestrado un poder esencial de la democracia, son tal para cuál».

La diputada de UPyD incidió en que, «una vez más, el PP incumple su programa». «Se ve que esa herencia del PSOE le gusta», ironizó la ex dirigente socialista.

Y es que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha planteado una reforma que asume las tesis del PSOE, contra las que los populares despotricaron durante varios lustros. Su propuesta es que los 20 vocales del CGPJ sean designados por el Congreso y el Senado sin intervención alguna de la carrera judicial. Y eso a pesar de que, en el programa electoral del PP, se apostaba por que 12 de los 20 vocales fueran «elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías», lo mismo que pide UPyD. La situación actual es que cada Cámara nombra a 10 vocales, pero 12 son jueces y magistrados preseleccionados por las asociaciones y ocho son juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos.

¿Por qué el PP ha dado este giro y ha incumplido su programa electoral? Responde Iñaki Oyarzábal, secretario de Derechos y Libertades del PP: «Al final se ha entendido que [esta fórmula] ha podido concitar mayor grado de acuerdo en las fuerzas políticas».

Oyarzábal explicó ayer que «se trata de que nadie se convierta en un elemento de bloqueo, que nadie pueda obstaculizar la renovación en base a intereses partidistas. Evitará esos bloqueos que han paralizado los órganos judiciales».

Y enumeró otras ventajas del anteproyecto: «desburocratizará el CGPJ»; «lo agilizará»; «lo hará más transparente»; «lo despolitizará»; «facilitará que pueda haber una representación mucho más plural dando la entrada de jueces no asociados»; «buscará acuerdo con el PSOE y los demás partidos»…

Lo del acuerdo con el principal partido de la oposición parece factible (algunos dicen que, en lo sustancial, esta ley es más socialista que el PSOE), pero con otras formaciones no está tan claro. «No tenemos información, no nos han consultado nada. Esto se lo han cocinado entre ellos», lamentaron ayer fuentes de IU. Oyarzábal dice que en trámite parlamentario se podrán escuchar las aportaciones de todos los grupos.

El PSOE, mientras tanto, está sumido en el silencio y, por tanto, en la ausencia de críticas. «No vamos a hacer declaraciones mientras esta negociación esté abierta», indicaron ayer fuentes de este partido.

El texto tardará en torno a un mes en llegar al Congreso. El Gobierno se lo acaba de enviar al CGPJ, que emitirá un informe preceptivo, pero no vinculante. Su opinión servirá, sin embargo, para avivar la rebelión judicial que ya está en marcha.

EL MUNDO 06/01/13