- El Gobierno tiene un plan para reformular la propia democracia y adaptarla a las necesidades de un presidente inaceptable
La apertura del Año Judicial ha quedado manchada, sin duda, por la participación en el acto del fiscal general del Estado imputado, cuya mera presencia es en sí misma un símbolo de los siniestros planes del Gobierno con respecto a la separación de poderes.
En ninguna democracia es imaginable que, al frente de su Ministerio Público, esté un procesado por un cometer un presunto delito grave en el ejercicio de sus funciones tras el cual, y eso es lo importante, se detecta su complicidad con una intolerable operación de derribo a un rival político, en este caso Isabel Díaz Ayuso.
Su continuidad, sostenido por el presidente del Gobierno en persona y todos sus ministros, resume el desafío que el propio García Ortiz expresó en su discurso, más allá de indulgente retrato como servidor público que él mismo se dedicó o de sus vacías palabras sobre la importancia de la Justicia.
Lo relevante es que el fiscal general ejerció y ejerce de ariete de una reprogramación obscena y por la puerta de atrás del Estado de derecho, que tiene en la abolición de la independencia judicial, su subordinación al poder Ejecutivo y la degradación de la separación de poderes su hoja de ruta.
Es exactamente eso lo que ansía y casi preludia Pedro Sánchez cuando acusa a la judicatura de conspirar políticamente para derribarle, despreciando la evidencia de que todos los procesos de su familia y de su entorno se sustentan en los más que razonables indicios de la comisión de varios delitos y se desarrollan con todas las garantías establecidas.
Y de ese mensaje totalitario emanan también, y esto es lo peligroso realmente, toda la ingeniería legislativa que Sánchez intenta desplegar para extender el mandato del fiscal general, poner a la UCO a sus órdenes, expulsar de la instrucción a los jueces o promover el acceso a la judicatura, sin oposición y a través de un atajo vinculado al Ministerio de Justicia, a quienes el propio Gobierno considere oportuno.
Es una concepción del Estado que rememora al Frente Popular y se combina con elevadas dosis de chavismo, por mucho que resulte increíble que algo pueda ocurrir en una democracia europea. Y está pasando, con ese paquete de leyes encabezadas por Félix Bolaños, salidas del mismo ímpetu intervencionista en la Justicia que ya es palmario desde hace años: nombrar fiscal general a un ministro; intentar cambiar las mayorías constitucionales para renovar el Poder Judicial o colonizar con adeptos el Tribunal Constitucional son hechos probatorios de las perversas intenciones de Sánchez, sustentadas en la doble búsqueda de impunidad y perpetuidad.
No basta, pues, con replicar a cada abuso del Gobierno, como hacen con acierto la oposición, la presidente del Poder Judicial y la práctica totalidad de los jueces y fiscales de España, con la deshonrosa excepción de los miembros de asociaciones sumisas a La Moncloa.
La amenaza es tan grande y real que no basta con una respuesta ocasional: hay que activar todas las alarmas, colocar la denuncia a la cabeza del debate público y exigir el amparo real y enérgico de Europa, antes de que sea tarde. Estamos viviendo en directo un ataque inaceptable a la propia democracia y eso requiere de medidas y actitudes excepcionales.