El primer año de pandemia nos ha dejado una deuda pública que se ha encaramado al 120% del PIB. En el segundo año pandémico -el presente, 2021- no parece que se vaya a reducir porque el déficit público volverá a ser más alto que el crecimiento del PIB. Así, el Gobierno estima aquel en el 8,4% -el mayor de la eurozona- y me temo que pueda ser aún más; y el segundo en el 6,5% y, casi con seguridad, será menos. Lo que significa que el peso de la deuda sobre el PIB volverá a aumentar. Estamos en un nivel absolutamente estratosférico, que supone una enorme vulnerabilidad para nuestra economía y la transferencia de la carga a generaciones futuras. Y no es insostenible sólo debido a que las compras del BCE mantienen el coste de la deuda en un nivel mínimo, lo que hace que el peso de los intereses en las cuentas publicas sea incluso menor que antes de la crisis.

Es verdad que no conviene, por ahora, que la política fiscal sea menos expansiva, porque los costes aparejados serían claramente superiores a sus beneficios. Pero, en cuanto la economía española empiece a rebotar, ese balance entre ambos será distinto y habrá que afrontar el problema de colosales proporciones que nos viene. Además, cuando eso ocurra, la política monetaria también cambiará también su tono hacia otro menos expansivo. De hecho, el BCE podría disminuir sus compras ya en los próximos meses y terminar el PEPP (el programa de compras implementado por la covid) en marzo 2022.

Prima de riesgo anestesiada

Actualmente, el BCE está comprando un volumen igual a toda la deuda que tenemos que emitir cada año, por lo que no hay problemas para colocarla. De manera que, ahora, la prima de riesgo está anestesiada por la actuación del BCE. Pero, en cuanto esta última pierda intensidad, repuntará y el coste en intereses irá ocupando un mayor espacio en el capítulo de gastos del presupuesto del Estado.

A ello se unen otros dos factores: el primero, que todo apunta a que la inflación está volviendo, lo que puede elevar los tipos nominales, aunque no sabemos aún si será permanente; y el segundo, que quizás sea España el país de la UE del que más desconfían los mercados. Porque, entre los periféricos, en Italia está Draghi y en Portugal, Irlanda o Grecia hay gobiernos y una situación política más confiables. Aquí en cambio tenemos un Gobierno y una mayoría parlamentaria absolutamente inestables. Así, las reformas económicas pendientes, tantas veces postergadas por el coste electoral que revisten, se siguen aplazando. Y, en lugar de afrontarlas, parece que al Gobierno no se le ocurre otra cosa, para intentar convencer a Bruselas de que nos entregue el dinero del Next Generation, que prometer subidas impositivas de siete puntos del PIB, nada menos que 80.000 millones.

Un auténtico plan de consolidación fiscal a medio plazo que elimine el déficit estructural, endémico en nuestro país y que actualmente se encuentra por encima del 5%

Por partes

En primer lugar, creo que lo que nos hace falta no son actuaciones dispersas ni ocurrencias, con las que nos vienen sondeando, sino un plan. Un auténtico plan de consolidación fiscal a medio plazo que elimine el déficit estructural, endémico en nuestro país, y que actualmente se encuentra por encima del 5%. Ese plan no se debería empezar a aplicar hasta que la situación económica lo aconseje, -no ahora- pero serviría como hoja de ruta y, sobre todo, nos daría alguna credibilidad en los mercados, lo que repercutirá en una menor desconfianza y desde luego una prima de riesgo menos elevada.

En segundo lugar, un aumento de la presión fiscal como ese no tiene sentido. Se argumenta que es para igualar la ratio sobre PIB con la de la eurozona. Lo que no es defendible cuando otros países son más ricos (no podemos propugnar la progresividad fiscal en función del nivel de renta y luego olvidarnos de ella) y cuando el porcentaje de empleo y economía no sumergida difieren grandemente. Si hubiera un aumento de la presión fiscal como ese, aunque fuera en varios ejercicios, se dañaría de manera importante a la economía española.

En tercer lugar, y lo más sorprendente, en este gobierno nadie dice nada de actuar también por el lado del gasto, lo que resulta realmente bochornoso para ellos. Porque actuar vía gasto es, sin duda, lo más efectivo en los procesos de consolidación. Y, sin duda, existe bastante gasto redundante e improductivo.

En definitiva, creo que es urgente hacer un plan a medio plazo. Será inevitable adoptar algunas medidas por el lado de los ingresos, actuando en las figuras donde más nos alejamos de Europa. Incluso, quizás podría contemplarse algún impuesto temporal extraordinario tras la covid (aunque sería rechazable que se convirtiera en permanente). Pero actuando también, y de manera contundente, por el lado del gasto. Creo, además, que sería conveniente un gran acuerdo nacional que lo hiciera posible. Porque, si no es con el consenso de los dos grandes partidos, parece realmente muy difícil que todo esto se puede llevar a cabo.