Al Gobierno le compete dar una explicación del ‘proceso’ que sea compatible con los hechos y que le permita reanudar el diálogo con la oposición. Aunque urge aún más sacar conclusiones: que ningún gobernante invoque nunca más la salmodia «otros lo hicieron». Los gobernantes tienen la obligación de estudiar los errores de quienes los precedieron para evitar caer en ellos.
El ministro del Interior ha anunciado en una entrevista publicada en el último número de la publicación ‘El Socialista’ que roto el alto el fuego y anunciada por ETA la vuelta a la lucha armada, «lógicamente hay que esperar un atentado». Puro sentido común. No se enciende una vela para esconderla debajo de un celemín, dice el Evangelio de San Mateo y el anuncio de la ruptura de la tregua es la expresión por parte de los terroristas de un compromiso con ellos mismos, un reto en el que se juegan su ‘prestigio’, es decir, su capacidad de intimidación.
Sostiene Rubalcaba que «el proceso de paz» se truncó casi al principio: «Digamos que nunca arrancó del todo, esa es la verdad: nunca despegó del todo. Tuvo un comienzo titubeante y a partir de ahí las cosas no hicieron sino complicarse».
Es la primera vez que las declaraciones del Gobierno sobre el proceso de negociación mantenido con la organización terrorista se corresponden con los hechos que son de dominio público. No siempre ha sido así: Casi dos meses después de que ETA diera a conocer su comunicado de «alto el fuego permanente», el ministro del Interior anunció que el tercer informe de verificación sobre la voluntad de ETA de poner fin a la violencia, ratificaba el contenido de los dos informes previos: «En resumen, concluye que el proceso cuenta con bases sólidas», afirmó en Niza Alfredo Pérez Rubalcaba el 12 de mayo de 2006. Todo el proceso fue acompañado por declaraciones parecidas de los máximos responsables institucionales.
Este fin de semana hemos conocido los datos del último Euskobarómetro. El 86% de nuestros conciudadanos creen que ETA volverá a los atentados sangrientos. Sorprendentemente, el porcentaje de los que desconfían de que la banda esté dispuesta a dejar la violencia y que su brazo político, la ‘izquierda abertzale’, sea partidaria de aceptar las reglas del juego democrático es 20 puntos menor (66% y 69% respectivamente). Lo peor, con todo, no son las incongruencias, sino el autodiagnóstico de una sociedad que, en estrecha sintonía con sus líderes, valora más a Arnaldo Otegi (3,1) que a María San Gil (1,8) o a Mariano Rajoy (1,5%).
Hace un año, en el Euskobarómetro que se hizo público el mes de julio de 2006, la relación entre el porcentaje de esperanzados y el de los escépticos era justo el incontrario: 86 vascos de cada cien se mostraban convencidos de que estábamos ante el final de ETA. También aquí las convicciones ciudadanas estaban teñidas del optimismo naïf de los impulsores de un proceso sustentado sobre palabras e impulsado por el optimismo gubernamental. La misma España que hoy se escandaliza de que la otra media crea en las revelaciones sobre los pormenores del proceso publicadas en el diario de la izquierda abertzale, aceptaron de pe a pa todas y cada una de las palabras de la propia ETA en su comunicado del 22 de marzo de 2006, sin permitirse siquiera la licencia de leerlo en clave metafórica. El presidente del Gobierno, por ejemplo, fue preguntado por las causas de su optimismo. Era el 26 de marzo, cuatro días después, Y Zapatero dio tres razones que el tiempo ha revelado inanes. Uno de los motivos era éste: «El segundo es la propia explicación del alto el fuego permanente, de la voluntad de abrir un proceso democrático. El lenguaje y los contenidos son inéditos en las expresiones de la banda terrorista».
Debemos prepararnos para el primer atentado porque su impacto va a llevarnos dolorosamente a un terreno de la realidad en el que todavía no estamos. Las Fuerzas de Seguridad han actuado con eficacia para impedirlo hasta ahora. También nos ha ayudado la suerte y la falta de profesionalidad de los nuevos etarras, pero el retrato robot del terrorista que se dirigía de Castellón a Tarragona, el hecho de que aún no sepamos su nombre, no hayamos visto su foto y no haya sido detenido en un medio que se supone poco favorable para él debería hacernos pensar. La potra es una base frágil para asentar sobre ella la acción de Gobierno con carácter duradero. Tarde o temprano acabarán saliéndose con la suya, es la razonable impresión del ministro Rubalcaba.
Para entonces deberíamos haber dado algunos pasos. Al Gobierno le compete dar una explicación que sea compatible con los hechos y que le permita reanudar el diálogo roto con la oposición durante el debate sobre el Estado de la Nación. Es preciso un relato coherente, aunque urge aún más sacar conclusiones. Por ejemplo, que ningún gobernante en el futuro invoque nunca más la salmodia que ha acompañado el proceso: «otros lo hicieron». Los gobernantes tienen la obligación de estudiar los errores de quienes los precedieron para evitar caer en ellos. Está bien que sean jóvenes, a condición de que no crean que el cargo de ministro y menos aún del de presidente son becas Erasmus. Al oficio de gobernar hay que llegar con las prácticas ya hechas.
Santiago González, EL CORREO, 23/7/2007