El lehendakari Iñigo Urkullu gobernará el País Vasco durante los próximos cuatro años con una sólida y desequilibrada alianza institucional con el PSE-EE que lidera Idoia Mendia. El PNV y el Partido Socialista de Euskadi confirmaron ayer que han alcanzado un «preacuerdo programático y de estructura de gobierno» que hoy será aprobado por la Asamblea General del PNV y por el Comité Nacional de los socialistas vascos.
El acuerdo traslada al Gobierno autonómico los pactos ya firmados entre ambos partidos en las tres diputaciones vascas y en los ayuntamientos de las tres capitales y significa que el PNV se aleja de una potencial alianza con EH Bildu –con quienes sumaba una holgada mayoría parlamentaria– y consolida una coalición con el principal partido constitucionalista. Un camino muy diferente al catalán, donde el nacionalismo antaño moderado gobierna junto a ERC y con apoyo de los antisistema de la CUP. En cualquier caso, PNV y PSE-EE suman 37 escaños, a uno de la mayoría absoluta, lo que les obligará a buscar otro apoyo parlamentario para sacar adelante sus iniciativas.
El acuerdo se basa en un documento cuyos detalles aún no se conocen, pero que tiene como ejes principales el empleo y el desarrollo económico. El asunto de la exigencia de incremento del autogobierno que Urkullu enarboló durante la pasada legislatura, con promesa electoral incluida de celebración de una consulta, queda sin embargo abierto en el acuerdo alcanzado, según explicaron fuentes conocedoras del pacto.
Los socialistas conseguirán tres consejerías directamente vinculadas con la gestión y a la sombra del liderazgo institucional de Urkullu.
Las comisiones de negociación de ambos partidos culminaron a última hora del sábado un pacto que recupera en el País Vasco la fórmula de los ejecutivos presididos por José Antonio Ardanza entre 1987 y 1998. No obstante, el acuerdo se alcanza en un contexto político muy diferente, con un reforzado protagonismo de Urkullu y en una situación de enorme debilidad del Partido Socialista tanto en Euskadi como en el resto de España. Además, el Gobierno de coalición tendrá un Parlamento autonómico en el que los partidos que defienden el derecho a decidir (PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos) suman 57 de sus 75 escaños.
Precisamente, las diferencias entre el PNV y el PSE-EE sobre el desarrollo del autogobierno constituían a priori el escollo más difícil de unas negociaciones que se iniciaron tras confirmarse en las urnas que el PNV mantenía su representación parlamentaria, mientras los socialistas de Mendia pasaban de 16 a nueve parlamentarios en Vitoria.
El documento acordado entre nacionalistas y socialistas dedica uno de sus capítulos al autogobierno, pero –a la espera de que se haga público su contenido– en él no se concreta qué fórmula concreta impulsará el nuevo Gobierno vasco de coalición, sino que se insiste en la necesidad de abordar este debate en el Parlamento vasco con el objetivo de buscar consensos y dentro de una referencia a la legalidad, según fuentes cercanas a la negociación.
La interpretación de este elemento clave ya fue adelantada por el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, cuando el pasado viernes registró la candidatura de Urkullu de cara al Pleno de investidura que tendrá lugar el miércoles. Frente a la ambigüedad en los límites establecidos en la reclamación de un desarrollo del autogobierno vasco, el documento sí incorpora una defensa de las competencias propias y, entre ellas, de completar el traspaso de las materias recogidas en el Estatuto de Autonomía como, por ejemplo, la de prisiones.
En la misma semana en la que Urkullu aprovechó la presencia del Rey Felipe VI en Deusto para denunciar el «inmovilismo» de Rajoy y tras anunciar que no acudirá a la Conferencia de Presidentes impulsada desde Moncloa, el futuro Gobierno vasco no cederá ni un ápice en la denuncia de lo que tanto PNV como PSE-EE consideran políticas de «recentralización» del Gobierno del PP, con el que mantienen cruzados recursos ante los tribunales de Justicia y ante el Tribunal Constitucional.
Además, el documento incluye la transferencia de la gestión de la Seguridad Social dentro de los términos recogidos en el Estatuto de Autonomía, ya que el PSE-EE mantiene el criterio de respeto a la caja única. Los nacionalistas, por contra, reclaman la transferencia completa con gestión y recursos propios.
Además del apartado sobre el autogobierno, el documento pactado también cuenta con epígrafes sobre la recuperación económica y los servicios públicos y sobre la paz y la convivencia. Los socialistas, que habían sido muy críticos con el protagonismo de Jonan Fernández en los programas de paz y convivencia impulsados por el Gobierno de Urkullu, tendrán que volver a resituarse si, tal y como parece, este área sigue vinculada directamente al lehendakari Iñigo Urkullu, porque las referencias a los compromisos pactados no establecen límites precisos.
Concreciones que el PSE-EE sí que ha conseguido en materia de asuntos económicos y sociales, el apartado que más interesaba al equipo designado por Mendia que, además de haber incidido en esta cuestión durante la campaña electoral, pretende enarbolar esta bandera desde las instituciones frente a la presión ejercida por Podemos, que debuta en el Parlamento vasco con una representación superior en tres parlamentarios a la de los socialistas.
La incorporación de tres representantes del PSE-EE al Ejecutivo vasco –entre ellos no estará Mendia– obliga a Urkullu a cambiar el esquema utilizado en la anterior legislatura, con más departamentos organizados de diferente manera. El lehendakari comunicó ayer los cambios a algunos de los consejeros que hasta ahora han formado parte de su Gobierno y que o dejarán de hacerlo o verán recortadas sus competencias.