Urkullu enredado

El Sociómetro monográfico del Gobierno vasco sobre paz y convivencia recoge dos detalles significativos. En primer lugar, el ítem que agrupa nada menos que «violencia, terrorismo, presos y proceso de paz» ocupa el cuarto lugar en los problemas que los encuestados ven en Euskadi, pero se desploma en el orden de las preocupaciones personales hasta el puesto doce de la escala. En segundo lugar, y en contraste con lo último, el 63% de los encuestados considera que «la ciudadanía ha de tener una implicación más activa en la construcción de la paz», y el 71% de ellos cree «necesario poner en marcha nuevas iniciativas». Nos encontramos además con que solo el 15% habla «a menudo» del tema con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, un 34% lo hace «de vez en cuando» y un 49% «nunca o casi nunca».

Son datos que reflejan las paradojas en las que se mueve la sociedad vasca, y que aparecen continuamente en el sondeo sociológico. En este caso es notoria la distancia que existe entre la vivencia personal del problema y la visión que se tiene de él; la renuencia a implicarse en el asunto y la demanda de una mayor implicación social. De acuerdo, se trata de una lectura parcial del Sociómetro. Pero atiende a la realidad. En cualquier caso, no es más parcial que el sesgo que contienen las preguntas formuladas; las cuales, como todos sabemos, determinan las respuestas.

Lo importante es la lectura que realice quien ha hecho la encuesta sociológica, el Gobierno de Urkullu. En este caso podría tener muy en cuenta el insignificante peso que el ‘monotema’ de ETA adquiere en las preocupaciones personales de los vascos. Podría preguntarse hasta qué punto el tratamiento político y partidario de la cuestión no está dando lugar a que el cuadro de soluciones pretendidamente imaginativas o sujetas a los cánones de la perfección ocupe un volumen que multiplica la magnitud del problema. Pero también podría estimularse por el alto porcentaje de ciudadanos que dicen ver necesaria una mayor participación social para la paz y reclaman nuevos cauces para ello. De modo que la multiplicación de iniciativas y foros impulsados directa o indirectamente por el Gobierno de Urkullu acabaría apuntando al infinito.

Aun suponiendo que el Ejecutivo vasco obedeciera únicamente a propósitos de interés común, y que albergase solo la intención de procurar la paz para Euskadi «en tiempo y forma», la ejecutoria de Urkullu no está contribuyendo precisamente a abreviar la espera de la noticia: el final de ETA. Pero si su actuación respondiera a un interés partidario, justificado a cuenta de que la izquierda abertzale cultiva el suyo y el PP hace lo mismo por su parte, quizá convenga advertir de que –en términos electorales– el PNV no se va a llevar nada de este negociado. Entre otras cosas porque nada sacará de eternizarse en la magnificación del problema. Entre el arriesgado altruismo y la avaricia jeltzale, es posible que esta última se hallase más cerca del interés común.

No hay ningún precepto de la Historia que obligue a considerar el final de ETA como un ‘proceso de paz’. No hay ninguna razón para que las instituciones de los vascos se obstinen en recrear una y otra vez la laberíntica salida que se nos propone, descubriendo cada día una nueva asignatura pendiente que la colectividad deba aprobar. No es ninguna exageración. En un par de semanas hemos pasado de escuchar en boca del portavoz del Gobierno de Urkullu que el papel de los verificadores es crucial para evitar una escisión radical en ETA a descubrir que su función tiene no se sabe qué relación con el esclarecimiento de los atentados cuya autoría sigue siendo una incógnita judicial. Hemos pasado de tampoco se sabe qué calendario de desarme a la agenda establecida por la superioridad para que algunos presos de ETA vayan reclamando, por turno, traslados y excarcelaciones. Agenda que el propio lehendakari Urkullu ha tildado de electoralista. Como electoralista será la comparecencia, hoy en Alsasua, de fugados que al parecer no tienen razones para continuar en fuga, pero sí para dar la nota como gente necesitada de justificar su regreso más que su huida.

A lo dicho, Urkullu y el PNV no sacarán nada de todo esto. Porque cada vez que se enreden en su plan de paz y convivencia, ingeniando alguna nueva ocurrencia, saldrá un tal Hasier Arraiz autorizado para poner más puntos que íes contiene el documento. Es lo que pasó en el pleno parlamentario del jueves. Mientras el Gobierno de Urkullu persista en el diseño y recreación de un proceso de paz que se haga valer por su complejidad, insertando a cada paso el consabido requerimiento a Rajoy para que corresponda en materia penitenciaria, ETA y la izquierda abertzale continuarán a lo suyo, improvisando posturas que mantengan prietas las filas y descoloquen al universo jeltzale. Una cosa es admitir a regañadientes que se causó un daño y otra muy distinta calificarlo de injusto. El daño sería una constatación objetiva –tal persona fue muerta y no está en condiciones de resucitar–, su consideración de injusto pertenece si acaso al plano de lo opinable.

Hay dos varas de medir la distancia que nos separa de la paz. La que la percibe ya conquistada, y la que tiende a alejarla como si ETA tuviese algún futuro. A diario oímos hablar a los dirigentes de Sortu y también a los del otro nacionalismo gobernante sobre que tal o cual acción u omisión favorecen o dificultan el logro de la paz. El 79% de los vascos dice querer un final «sin vencedores ni vencidos». El dato puede leerse como una invitación a proseguir en los enredos del ‘proceso de paz’, a ver si a base de prédica se consigue que nadie se sienta ni lo uno ni lo otro. Pero también recuerda que, efectivamente, la izquierda abertzale es la única fuerza en condiciones de sacar algo del caladero. Porque le basta con no verse vencida para sentirse vencedora.