EL MUNDO 22/12/14
· El Gobierno del PNV excluye expresamente del proceso a las Fuerzas de Seguridad del Estado
El lehendakari, Iñigo Urkullu, reaccionó con desacostumbrada celeridad a un despacho del denominado Comité Internacional de Verificación (CIV), el grupo de expertos capitaneados por el ceilandés Ram Manikkalingam que dio cobertura al exiguo «gesto de desarme» que ETA escenificó en febrero de 2014, quienes manifestaron ayer sin más concreciones que los terroristas caminan hacia un desarme «completo». El presidente vasco, en plena tarde de domingo, envió un comunicado urgente en el que hace constar que «un sellado de armas sin verificación y sin calendario equivale a nada y no es un escenario aceptable». En este contexto, el Gobierno vasco del PNV tienta a ETA, a la que advierte de que la puerta de la negociación con el Estado está cerrada a cal y canto y de que «el desarme por incautación policial» es un «riesgo» para la organización terrorista, y le ofrece una vía vasca para la entrega de las armas, que se sustanciaría ante un «comité» que ejerza de «representación de la sociedad vasca».
En un detallado documento llamado Propuesta de procedimiento para un desarme rápido, viable efectivo, basado en un gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca y con cobertura social, internacional e institucional y en el que queda perfectamente plasmada la huella del secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, Urkullu detalla que ese «comité» estaría compuesto por una representación del Foro Social para el impulso del «proceso de paz», órgano alentado por Lokarri (la plataforma que organizó la Conferencia de Paz de Aiete y que fundó Fernández con el nombre de Elkarri), por «agentes internacionales» que no se especifican y, finalmente, por «representantes del Gobierno vasco». «Se solicitará el apoyo del Parlamento Vasco para este comité», agrega el lehendakari, aunque no fija como vinculante la opinión de la Cámara vasca, en la que el PNV está en minoría (27 escaños), por 21 de la izquierda abertzale y 27 de las fuerzas no nacionalistas (PSE-EE, PP y UPyD).
Queda excluida, por lo tanto, cualquier participación del Estado y, por ende, de Guardia Civil y Policía Nacional. Tanto el PP como los socialistas siempre han defendido que una hipotética entrega de armas debería efectuarse en todo caso ante las Fuerzas de Seguridad del Estado.
ETA, según esta propuesta, debería «aceptar» materializar el desarme ante los «buenos oficios» de ese comité vasco y concretar «un plazo» en el que llevarlo a término. Los terroristas deberían «estructurar el depósito de todas sus armas y explosivos en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros para la población» y entregar las coordenadas de esos lugares a todos los miembros del comité excepto a los del Gobierno vasco –se entiende que es un guiño para que los terroristas no tengan miedo de ser detenidos–.
Sólo en segunda instancia el Ejecutivo vasco tendría información de la localización de las armas. ¿Qué haría? «Actuará como legalmente proceda», indica el documento del lehendakari, sin más especificaciones sobre las decisiones que pudiera adoptar la Ertzaintza.
El responsable de Paz y Convivencia de Urkullu, Jonan Fernández, declaró ayer por la noche a la radiotelevisión pública vasca que «ETA no debe desarmarse ante los Estados, sino ante la sociedad vasca». «El no-desarme es una hipoteca que ETA obliga a pagar a la sociedad vasca. Es una deuda que tiene contraída con la sociedad vasca», abunda el documento publicado ayer.
COSTES Y BENEFICIOS
El Gobierno del PNV trata de convencer a ETA de la necesidad del desarme ante un comité vasco con un análisis de costes y beneficios. El Ejecutivo de Urkullu interpreta que prorrogar la situación actual de una organización terrorista silente pero con todo su arsenal en su poder no sólo es negativo porque hace que «la amenaza de violencia» no haya desaparecido del todo sino porque «favorece el inmovilismo en materia de política penitenciaria y perjudica a los presos [de ETA] y a sus familias». Además, «bloquea la normalización de la izquierda abertzale en el juego político».
«El desarme –continúa el Gobierno– crearía condiciones favorables para un cambio en la política penitenciaria y en la situación de los presos y sus familias [y] liberaría al sector socio-político de la izquierda abertzale de una buena parte del lastre de su pasado».
Urkullu, que no ha ocultado su desazón con lo que interpreta como un «inmovilismo» del Gobierno de Mariano Rajoy en el «proceso de paz», se queja de que «en las condiciones actuales» de bloqueo por parte de Madrid existen «dificultades operativas» para que ETA complete el desarme. Es más, establece una relación de tres factores por los que han pasado 38 meses desde el «cese definitivo» de la actividad terrorista sin este paso y sitúa como el primero «la no colaboración del Gobierno español». El segundo sería «la complejidad operativa de un desarme sin colaboración del Estado» y sólo al final se alude al «interés táctico de ETA» por «posponer» su capitulación.
· Las placas de homenaje a víctimas desaparecen
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, declaran que la Ertzaintza estaría «preparada» para una vía vasca de desarme.
NOVIEMBRE DE 2013
ETA escenifica en un vídeo en el que aparece el comité de verificación de Ram Manikkalingam un «gesto de desarme» exiguo y que no ha tenido continuidad.
21 DE FEBRERO DE 2014
Iñigo Urkullu y Jonan Fernández apoyan con un viaje relámpago a Madrid a Ram Manikkalingam y a todo su equipo tras ser citados por la Audiencia Nacional.
23 DE FEBRERO DE 2014
El ‘lehendakari’ asume por vez primera en público que el «gesto de desarme de ETA» es «insuficiente» y emplaza a los terroristas a que den más pasos en esa dirección.
28 DE FEBRERO DE 2014
Covite denunció ayer que la placa que este colectivo de víctimas del terrorismo colocó el pasado domingo en San Sebastián, gobernado por la izquierda ‘abertzale’, en memoria de Miguel Paredes y Elena Moreno, asesinados por ETA en esta ciudad en 1990, ha sido «arrancada» y advirtió de que volverá «a colocarla cuantas veces sea necesario». Esta placa fue instalada por primera vez en la calle de San Lorenzo, en la Parte Vieja donostiarra, el 19 de octubre, pero dos días después fue retirada por el Ayuntamiento de EH Bildu porque no contaba con la autorización municipal. El alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, dijo entonces que Covite sabía que la colocación de una placa «requiere una solicitud y un procedimiento burocrático» y apeló a que se consensuaran «qué tipo de homenajes hay que hacer a todas las víctimas», en un foro además «no excluyente», en alusión a las «víctimas del Estado». Covite volvió a instalar la inscripción y de nuevo ha sido retirada.
El ‘lehendakari’ ofrece a ETA completar su desarme ante un «comité vasco». «No debe desarmarse ante los Estados, sino ante la sociedad vasca», opina el Gobierno del PNV.