EL MUNDO 06/02/14
· Se aplicaría tras la disolución de la banda y cada recluso sólo estaría obligado a firmar una «reflexión autocrítica».
· La propuesta supondría unasalida escalonada de presos y su acercamiento gradual a las cárceles del País Vasco.
· A los etarras condenados por delitos de sangre cometidos en los últimos 10 años se les aplicaría un «Plan Específico».
El Gobierno vasco elaboró y presentó al presidente Rajoy un plan escalonado de excarcelaciones de presos de ETA que incluye la salida de todos ellos sin necesidad de que cumplan íntegramente sus condenas. La propuesta del lehendakari Urkullu está dividida en cuatro fases que van beneficiando a distintos grupos de presos, con delitos de diferente gravedad, según la evolución que tenga ETA en su desarme y disolución, y según la disposición de los reclusos a realizar una «reflexión autocrítica».
En la última fase se plantea que los presos «con delitos graves de sangre y cometidos en los últimos 10 años» estén sujetos a un «Plan Específico» que deberá apoyarse en «estrategias vinculadas a la Justicia restaurativa y medidas flexibles de excarcelación progresiva o indulto».
Esa última fase tendría lugar una vez que ETA «forme parte del pasado» y los presos hayan «dado los pasos que la ley requiere» –según los parámetros de cumplimiento de la ley de los nacionalistas–. El plan del Gobierno vasco viene recogido en un borrador incautado a la abogada de ETA, Arantza Zulueta, en la operación policial que la mantiene en prisión desde el pasado 13 de enero.
Está fechado el 13 de marzo de 2013 y contiene las líneas maestras del Gobierno nacionalista en materia penitenciaria que Urkullu hizo llegar a Rajoy –dentro de un documento más amplio sobre la «pacificación» del País Vasco– primero en el mes de abril, después en junio y presumiblemente también en las reuniones que hayan mantenido con posterioridad. El mismo documento le llegó a la izquierda abertzale el verano pasado.
La tesis sería: una vez desaparece ETA, que es el origen del problema, los reclusos que estén condenados por el antiguo Código Penal han de ver facilidades para la aplicación de progresiones de grado y beneficios penitenciarios; y para los que estén condenados por el actual –en el que se anularon los beneficios penitenciarios–, se han de encontrar soluciones flexibles para que no tengan que cumplir necesariamente los 30 años de condena íntegramente en prisión.
El texto incautado sostiene que «un cambio en la política penitenciaria está plenamente justificado en la realidad del nuevo contexto social» y asegura que la ley es «interpretable». Pero como la competencia penitenciaria es del Gobierno español y en España «no se dan las mínimas condiciones de comprensión social», hay que trabajar en los «factores que pueden modificar la coyuntura».
Esos factores son: que se produzca el «desarme de ETA y el inicio de un proceso efectivo de disolución»; que los presos elaboren «una reflexión crítica y explícita del pasado»; un acuerdo en el Parlamento vasco» y «apoyo social a este proceso en la sociedad vasca y la aparición en la opinión publicada en España de voces autorizadas en la misma línea». El Ejecutivo de Vitoria considera que ha de ser la izquierda abertzale la que se encargue de agilizar el desarme de ETA y la evolución de sus presos, mientras Urkullu «tiende puentes» con el Gobierno español.
El documento incluye un cuadro con la situación de los presos de la banda, a los que divide en 11 categorías. Es una división de marzo del pasado año y, por lo tanto, incluye a los 71 de la doctrina Parot, que no había sido anulada todavía por el Tribunal de Estrasburgo.
Prevé un esquema de actuación con cuatro fases. La inicial es la «fase estática», «sin avances en desarme ni en la reflexión autocrítica». En ese caso, de una quietud «frustrante», la única variable prevista por el Gobierno vasco era la derivada de la sentencia de Estrasburgo, que «podría ocasionar cambios importantes». Aun en esas circunstancias, en las que ni ETA ni los presos han hecho nada, el plan contempla «más permisos y pasos a tercer grado» de aquéllos que hayan iniciado la reinserción –sería el caso, es de suponer, de presos como Urrusolo Sistiaga, acogidos a la vía Nanclares–. También propone los acercamientos de los enfermos, de algunos de los que han cumplido las tres cuartas partes de la condena y de los preventivos.
Primera fase. Supongamos que hay avances en el desarme y en la «reflexión autocrítica» de los presos. Entonces se deberán producir acercamientos progresivos, salidas de los presos enfermos y la puesta en libertad de los preventivos y los condenados por «actividades sociopolíticas ilegalizadas», como Arnaldo Otegi. En ningún caso se duda de que la doctrina Parot ha sido anulada y los afectados han sido ya excarcelados.
¿A qué llama reflexión crítica el Gobierno vasco? A una reflexión en dos partes. Una en la que los presos digan que «en una fase de nuestra historia recurrimos al uso de la violencia porque estuvimos convencidos de que era legítima y útil –un mal necesario– para defender los derechos del pueblo vasco. Somos conscientes de que este razonamiento provocó un sufrimiento injusto a personas concretas, a las víctimas directas de nuestras acciones y a sus familiares». Después de esta declaración, los presos deberían anunciar su intención de reflexionar y, «sin precipitarse», actuar con prudencia para que su voluntad pueda ser «útil a sus propios objetivos». Se elaborarían ponencias y debates.
En la segunda parte de la reflexión el preso debería añadir a lo del «mal necesario» una crítica y una disculpa. «Hago pública mi perspectiva autocrítica con las decisiones que personal y colectivamente condujeron a la conculcación de los derechos humanos», diría, y debería añadir tras comprometerse con los «medios exclusivamente pacíficos»: «Reconozco el daño injusto causado a las víctimas; sinceramente lo lamento y expreso mi disculpa».
Sólo con estas declaraciones estudiadamente medidas estarían acercados o fuera los presos ya citados. Con las primeras intenciones y el «desmantelamiento definitivo de las estructuras armadas», el Gobierno vasco pide la consolidación de los reinsertados y la libertad o el tercer grado para los enfermos, los que han cumplido las tres cuartas partes de la condena, los preventivos y los presos sin delitos de sangre sea cual sea la condena. Para los recluidos por montar partidos herederos de Batasuna, la aplicación del 100.2; es decir, que la Administración los ponga en la calle.
Esa es la interpretación por parte del Gobierno vasco de lo que la ley exige, que es el pago de la responsabilidad civil a las víctimas, que los etarras colaboren activamente con las autoridades para procesar a los responsables de otros delitos, el «repudio» de sus actividades, la desvinculación de ETA y su entorno y la petición expresa de perdón.
Si añadimos el «reconocimiento del daño causado» y ejemplos de «justicia restaurativa» –no penal, en la que el terrorista es considerado «ofensor»–, los etarras «con delitos de sangre que han cumplido 10 años» deberían progresar de grado o incluso poder acceder al indulto. Quedarían los presos con delitos graves de sangre, cometidos en los últimos 10 años, que serían los sujetos al «Plan Específico» que deberá apoyarse en «estrategias de justicia restaurativa y medidas flexibles de excarcelación progresiva o indulto».
EL MUNDO 06/02/14