EL CORREO – 23/10/14
· El lehendakari asegura ante la cúpula de la magistratura en Euskadi que su partido no ha renunciado a «un Poder Judicial propio».
Los jueces, que han «sufrido directamente la lacra de una violencia sin sentido», deben ser ahora, tres años después de que ETA decretase el cese definitivo de su actividad, «protagonistas en la consolidación de la paz y en la construcción de la convivencia». El lehendakari, Iñigo Urkullu, ante la cúpula judicial del País Vasco, instó ayer a magistrados y fiscales a hacer posible «otra política penitenciaria más acorde con el contexto de la sociedad vasca». «Creo en el compromiso del poder judicial con el final definitivo de la violencia, el compromiso con la memoria, con la reconciliación a través del reconocimiento y la restauración del daño causado», subrayó durante su discurso en el acto que marca el arranque oficial del curso en los tribunales en Euskadi.
La invocación a la «colaboración» de los jueces se produce en un momento en el que desde la mayoría de los partidos vascos –excepto el PP– y de las instituciones autonómicas de Euskadi se exige al Gobierno de Mariano Rajoy cambios en el régimen de encarcelación de los reclusos de ETA, tales como el final de la dispersión y la paulatina salida de prisión mediante la libertad vigilada de aquellos internos que han completado las tres cuartas partes de sus condenas.
El Ejecutivo del propio Urkullu ha presentado en las últimas semanas un programa, denominado Hitzeman (Dar la palabra), por el que se pretende conceder ayudas a aquellos presos de la banda que asuman el daño causado por la violencia terrorista.
El lehendakari entregó hace meses a Rajoy en mano una lista de actuaciones que, en su opinión, se podían comenzar a aplicar sobre los algo menos de 400 reclusos etarras que cumplen condena en prisiones de España.
Urkullu pidió ayer la implicación de los jueces que ejercen en Euskadi «convencido», dijo, de que el colectivo de magistrados y fiscales «no es indiferente a una doble aspiración», que concretó a renglón seguido: «La voluntad de un final de la violencia con memoria» y «el inicio de una nueva etapa de reconciliación, a través del reconocimiento y la restauración del daño injusto causado». Unos objetivos que, en opinión del jefe del Ejecutivo autónomo, se pueden conseguir dentro de «las posibilidades que brinda la actual legislación penitenciaria», cuyas normas dan margen suficiente de actuación para la «resocialización» de las personas convictas y para la «normalización social de la convivencia». Esta tesis, la de que no hace falta modificar las actuales leyes básicas, ha formado parte, incluso, de seminarios como el que el Gobierno vasco promovió el pasado verano en la Universidad Complutense de Madrid, en el que tomaron parte magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional.
«Primer contacto» con Catalá
En un ambiente de extrema cordialidad entre el lehendakari y el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra –nada que ver con el enfrentamiento que mantenía el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe con la cúpula judicial vasca–, Urkullu no se olvidó de una de las viejas reclamaciones del PNV: la necesidad de disponer de «un Poder Judicial propio», una solicitud que ya figuraba en el ideario del anterior inquilino de Ajuria Enea por el PNV y que provocó serios roces entre el poder ejecutivo y el judicial. La Administración vasca tiene transferida la competencia sobre los funcionarios y el servicio de Justicia, pero no así el nombramiento de jueces y fiscales, que dependen del Consejo General del Poder Judicial, con sede en Madrid.
«No estamos –dijo el lehendakari, que acudió a la ceremonia acompañado de los consejeros de Justicia y de Interior– satisfechos con el modelo, dubitativo e inacabado, de relación e integración del poder judicial en el sistema institucional de Euskadi». Y en línea con la propuesta de un nuevo modelo de Estado, en el que el País Vasco disfrute de un estatus especial, calificó de «deseable» la puesta en marcha de «otro modelo» de justicia dentro del «actual marco constitucional».
Urkullu reconoció, en este sentido, que su Gobierno ya ha mantenido un «primer contacto» con el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que acaba de tomar posesión del cargo tras la renuncia de Alberto Ruiz Gallardón. El jefe del Ejcutivo autónomo se mostró confiado en que «se abra un nuevo tiempo de mayor colaboración y consenso» entre ambas instituciones y apostó porque en las dos administraciones impere el concepto de «inteligencia cooperativa».
EL CORREO – 23/10/14