EL CORREO 12/06/13
El proyecto despierta los recelos del PP, que lo ve «muy mejorable» El Gobierno buscará «microacuerdos» con los partidos
El nuevo plan de paz del Gobierno vasco, la piedra angular de su política en materia de pacificación y memoria, presentado ayer por el lehendakari Iñigo Urkullu, incluye múltiples guiños a la izquierda abertzale, que pueden atraerla hacia el acuerdo pero que complican, de inicio, la integración en el consenso del PP. El proyecto, que contempla entre otras iniciativas investigar las torturas o elaborar un programa orientado a la reinserción de los presos, despertó de hecho los recelos de los populares sin terminar de satisfacer a EH Bildu, que criticó la ausencia de un análisis de «las motivaciones del conflicto». El borrador maneja tres «microacuerdos» sobre los que las cuatro grandes fuerzas políticas de Euskadi deberían iniciar el debate. El proyecto incluye una investigación sobre la tortura y un programa orientado a facilitar la reinserción de los presos
El lehendakari presentó ayer la que será la piedra angular de la política del Gobierno vasco en materia de pacificación y memoria: el nuevo plan de paz. Tras meses de trabajo de puertas hacia dentro, Iñigo Urkullu hizo público el borrador de un proyecto elaborado por el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, que incluye múltiples guiños a la izquierda abertzale. El documento, de setenta páginas, recoge, entre algunas de sus medidas novedosas, investigar la tortura o elaborar un programa orientado a facilitar la reinserción de los presos, pese a carecer de competencias sobre esta materia.
La «misión» del plan, así lo afirmó Urkullu, «es propiciar el encuentro social»: «Hacer de Euskadi una plaza pública en la que entremos todos». En este sentido, la propuesta abanderada –y con su sello– por el excoordinador de Elkarri busca dar continuidad al proyecto que se inició en la pasada legislatura, a pesar de las críticas que suscitó por parte del PNV. Ahora bien, incorpora algunas de las demandas habituales de la antigua Batasuna, que podrían complicar de inicio el consenso político que el Gobierno desea para esta delicada iniciativa.
PP y UPyD no ocultaron ayer sus recelos, y reproches, hacia un plan que ven «escorado» hacia la izquierda abertzale, aunque la formación independentista lo vea «discutible». Los populares, que conocieron el texto pocas horas antes de que Urkullu lo presentara públicamente –Fernández lo llevó a finales de mayo a la ponencia de paz, en la que no está el PP–, aseguran que realizarán aportaciones al mismo. Recuerdan, sin embargo, que ellos «siempre» han estado «en la senda de la paz» y que «son otros los que tienen que dar pasos, no los demás rebajar las exigencias para agradarles». El borrador estará abierto durante tres meses, hasta el 20 de septiembre, a las sugerencias de partidos y asociaciones, y su aprobación definitiva se producirá en el mes de octubre. Está previsto, además, que el secretario de Paz y Convivencia dé cuenta del mismo hoy ante diversos colectivos sociales, y haga lo propio el próximo martes en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco. Un foro que servirá para tomar la temperatura a esta iniciativa.
La clave es el acuerdo. Para ello, el proyecto reconoce a todas las víctimas, tanto del terrorismo como de las «acciones de contraterrorismo ilícito», cuyo amparo «no está dentro de los supuestos que contempla la legislación vigente». Como también pretende que el «fin de la violencia no se transforme en revanchismo hacia ningún sector», en una alusión velada a la antigua Batasuna. «Sólo hay una manera de superar la desconfianza, hablar claro, hablarnos claro», defendió Urkullu, que no dudó en pedir «altura de miras y sentido de Estado».
Pero el eje sobre el que vasculará todo será la capacidad que muestren las cuatro grandes fuerzas políticas vascas de alumbrar una lectura crítica del pasado compartida. Hasta ahora, todos los partidos, salvo la izquierda abertzale, han dado este paso. La propia EH Bildu consideró ayer que el plan debería centrarse en las «causas del conflicto» y no tanto en las «consecuencias». En el Gobierno son conscientes de que ahora mismo dicho consenso parece una «utopía», pero no ocultan su optimismo. Según subrayan, no se trata de «un plan a corto plazo», sino que su vigencia, a priori, está prevista para toda la legislatura.
«Plaza de la Memoria»
La propuesta consta de 18 acciones divididas en tres ejes temporales: pasado, presente y futuro. Entre las iniciativas que se llevarán a cabo destacan iniciativas puestas en marcha en la pasada legislatura o que empezaron a gestarse entonces, pero que no se cerraron antes de que se disolviera la Cámara de Vitoria con motivo de los comicios autonómicos. Es el caso, por ejemplo, del programa de ‘víctimas educadoras’, que
consiste en llevar de modo presencial el testimonio de los damnificados por el terrorismo a las aulas. El Ejecutivo estudia ampliar este programa con otro tipo de experiencias, como podría ser la de expresos de ETA que rechazaron el uso de la violencia o las de personas que sufrieron abusos policiales. Asimismo, el borrador del plan reafirma la apuesta del Gobierno vasco de dar forma en 2014 al futuro Instituto de la Memoria, que coordinará y dinamizará las políticas públicas en este sentido y «la sinergia de su red de centros, espacios y eventos». Subordinado a este organismo podría figurar el memorial por las víctimas del terrorismo, cuya creación está prevista de forma conjunta con el Ejecutivo central. El Gobierno vasco da un paso más en lo que al instituto se refiere y, según se recoge en el documento presentado ayer, se ubicará en Gernika, símbolo de la barbarie franquista, donde se buscará su «asociación con el Museo de la Paz, «dotando al conjunto de esta ciudad del carácter de Plaza de la Memoria».
El Gabinete de Urkullu, que remitirá el plan –una vez esté aprobado– ante las instituciones europeas con el fin de articular espacios de «colaboración», impulsará, en un gesto insólito, un «compromiso social de la Ertzaintza por la convivencia y los derechos humanos», que se enmarca en el nuevo plan estratégico que prepara la consejería de Seguridad, tras el cese de la actividad armada por parte de ETA. Su objetivo –incluirá un programa formativo por determinar–: «renovar y reforzar el compromiso» de la Policía autónoma «con los principios, valores, libertades y derechos democráticos».
«Contraterrorismo ilícito»
Las novedades más significativas, que también podrían convertirse en las más polémicas, del nuevo plan son dos demandas de la izquierda abertzale. Así, la secretaría de Paz y Convivencia reafirma su apuesta por el segundo decreto sobre personas que vieron violados sus «derechos humanos por acciones de contraterrorismos ilícitos» –en alusión a abusos policiales–, que deberá comprender la etapa democrática. A raíz de esta iniciativa, el Gobierno vasco encargará el próximo año un estudio sobre la tortura, por ser una de las «vulneraciones de derechos humanos más deleznables que puedan existir». Este estudio distinguirá a su vez dos etapas temporales: entre 1960 y 1978, y desde 1978 hasta la actualidad. Con miles de denuncias presentadas –aunque apenas unas decenas han sido aceptadas como tal por los jueces–, el Ejecutivo de Vitoria tratará, a través del estudio, de analizar la «fiabilidad» de los casos, y empleará como herramienta de referencia el ‘Protocolo de Estambul’ de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el plan no se contempla, sin embargo, ninguna iniciativa para investigar los más de 300 crímenes de ETA aún sin resolver.
La segunda de las iniciativas que llevará a cabo la secretaría de Paz y Convivencia, y otro de los gestos hacia la antigua Batasuna, será la de desarrollar el programa ‘Hitzeman’ sobre política penitenciaria. Una materia en la que el Gobierno vasco carece de competencia. El objetivo será impulsar una propuesta propia orientada a «facilitar el proceso de reinserción social de las personas presas» por delitos de terrorismo. La participación en este programa se canalizará mediante la adhesión de los reclusos «a un compromiso de consolidación de la paz y la convivencia», un paso que podría entenderse como la reactivación de la llamada ‘vía Nanclares’. El Gobierno vasco buscará también en este caso dotar a esta acción del mayor consenso posible, en el que esperan incluir también, y será cuanto menos complicado, al Gobierno central.