Urkullu se abraza a Mas

Aunque esta coalición nacionalista esconda la independencia en su discurso, lo cierto es que sus palabras, gestos y propuestas constituyen una inaceptable provocación al Estado

EL presidente del Partido Nacionalista Vasco, Íñigo Urkullu, confirmó ayer lo que era una obviedad, que ha pactado con Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, «recorrer juntos el camino al reconocimiento de los hechos nacionales de Euskadi y Cataluña por parte del Estado». El análisis de Urkullu rezuma ese oportunismo con el que los nacionalistas acechan al Estado, al destacar que «España tiene un problema». Se trata de la enésima demostración de la mala fe del nacionalismo, siempre pendiente de explotar los momentos de debilidad o crisis del Estado para reforzar sus políticas soberanistas. El entendimiento con Artur Mas tenía que hacerse explícito más pronto que tarde, porque tanto al PNV como a CiU les interesa sacar el máximo provecho de la situación de crisis económica, con un discurso combinado que culpe al Estado —a España, en definitiva— de sus problemas sociales y financieros. Lo que sucede es que ninguno es capaz de llevar su desafío constitucional a un lenguaje claro y valiente. Ninguno habla de independencia, evitando este término con sustitutivos como «hecho nacional», «recursos de Estado» y otros similares. Quieren autodeterminación, pero con el paraguas del Estado abierto y con los vínculos necesarios para no salir de Europa.

Pero, aunque esta coalición nacionalista esconda la independencia en su discurso, lo cierto es que sus palabras, gestos y propuestas constituyen una inaceptable provocación al Estado. Las urnas deben frenar la embestida nacionalista. Además, el Gobierno y el Parlamento no tendrán otra opción que aplicar los mecanismos constitucionales y legales previstos para proteger el interés nacional. Por lo pronto, el Tribunal Constitucional acaba de ratificar la competencia del Estado en la regulación de los funcionarios judiciales frente a la pretensión de la Generalitat catalana de quedarse con esa competencia. Ocho años ha tardado el TC en resolver este recurso.

Es evidente que la desfachatez nacionalista tiene mucho que ver con el hecho de que el Estado nunca ha reaccionado constitucionalmente contra las intentonas secesionistas con instrumentos distintos al recurso de inconstitucionalidad o el conflicto de competencia. Se está acercando la hora de poner a funcionar otras vías de protección del interés nacional, con las que el tándem Urkullu-Mas parece no contar. El Gobierno de Mariano Rajoy, sin abandonar la habitual prudencia presidencial, ya ha puesto sobre la mesa su voluntad de utilizar todos los mecanismos constitucionales contra la deslealtad nacionalista. Si hay que pasar de las palabras a los hechos, al Gobierno no deberá temblarle el pulso.