Han pasado apenas doce días de la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso y el PP en las elecciones madrileñas, en las que el PSOE sufrió el mayor descalabro de su historia. Y justo una semana desde que decayó el estado de alarma por decisión unilateral de Pedro Sánchez.

La tormenta política que originó la negativa del presidente a reconsiderar su posición fue mayúscula. El PP, pero también partidos como el PNV, comunidades como la vasca y gobernantes como Urkullu pusieron el grito en el cielo. Y con argumentos.

Pues bien, a Sánchez y a su todopoderoso asesor, Iván Redondo, la maniobra parece que les está saliendo bien. Madrid va quedando atrás. Y su mensaje de optimismo -‘estamos a menos de cien días para alcanzar la inmunidad de rebaño gracias a la vacunación’, que ahora sí marcha bien-, que busca además salvar económicamente el verano, va calando en una ciudadanía muy tocada tras catorce meses de pandemia.

Consecuencia: muchos gobiernos autonómicos, incluido el vasco, son un mar de dudas. En días han pasado de clamar por instrumentos legales para mantener algunas restricciones de derechos individuales a callar prudentemente, a lanzar mensajes contradictorios, como ha hecho el Gobierno vasco, cuando no a entrar en competencia otra vez por ser quien desescala más rápido.

El Ejecutivo Urkullu sigue transmitiendo una peligrosa imagen de inseguridad. De querer mantener las restricciones a no sabe muy bien qué por miedo a acentuar su desgaste. Sin contar que seguimos siendo la comunidad con las peores cifras de afectados y nadie nos ha explicado con claridad por qué.

En este contexto dudo que la ciudadanía vasca haya prestado demasiada atención a la decisión de Pedro Sánchez de dar otro paso en el cumplimiento del Estatuto de Gernika y transferir a Euskadi la competencia de Prisiones. Una materia que sólo gestiona Cataluña, y desde 1983. Entonces, con ETA asesinando a decenas de personas cada año, ni Felipe González ni el Gabinete de Vitoria juzgaron conveniente que Euskadi asumiera la competencia.

Hoy, afortunadamente, aquella sangrienta fotografía es pasado. A no olvidar, pero pasado. No parece por ello demasiado razonable que el mundo conservador haya puesto el grito en el cielo contra el acuerdo.

Cuestión diferente es que, visto lo sucedido últimamente en Cataluña y algunos posicionamientos del PNV estos años respecto al terrorismo, las víctimas hayan advertido de que permanecerán vigilantes respecto a la gestión que realice Urkullu de la transferencia.

Es evidente que la Generalitat ha puesto sus competencias en esta materia al servicio de los políticos independentistas presos por el fallido ‘procés’. Al punto que la Justicia ha tenido que intervenir para paralizar los terceros grados encubiertos que se había concedido el Govern.

Por ello, y vistos ciertos movimientos del PNV en algunos momentos, en especial algunos protagonizados por Jonan Fernández -con el evidente plácet del lehendakari-, resultan comprensibles las dudas sobre cómo actuará ahora el Gobierno de Vitoria.

Los presos deben ser tratados según sus condenas, no según sus nombres y apellidos. Para lo bueno y para lo malo. Por mucha que sea, que será, la presión que siga ejerciendo la izquierda abertzale para que se excarcele cuanto antes a los terroristas presos cuyos crímenes, desgraciadamente, sigue sin condenar.