Existe en la derecha sociológica un amplio consenso sobre la influencia de las elecciones autonómicas de 2023 en el posterior gatillazo, bien porque los pactos con Vox ayudasen a Sánchez a movilizar a su electorado, bien porque la indecisión de algunos barones desconcertara a muchos votantes de su propio bando. He aquí, sin embargo, que el Partido Popular está a punto de enredarse en un nuevo lío no forzado ante la posibilidad de otros comicios regionales convocados con adelanto, sea por separado en Extremadura y Aragón o coincidiendo con los de Castilla y León en un eventual ‘superdomingo’ de marzo. Una decisión en la que en todo caso Feijóo se va a jugar buena parte de la credibilidad de su cuestionado liderazgo.

Porque se trata de una medida que por su carácter estratégico sólo corresponde tomar a la dirección nacional del partido. Por muchos problemas presupuestarios que tengan Guardiola o Azcón, ni los dirigentes territoriales deben determinar por su cuenta un calendario de enorme relevancia en el horizonte político ni el jefe de la oposición está en condiciones de permitirse otro error contemplativo. La tentación del anticipo es un arma de doble filo: tanto puede servir para acelerar el declive del sanchismo como para ofrecerle al Gobierno la salida que busca con ahínco. Es decir, la oportunidad de agitar de nuevo el miedo a un cambio de ciclo donde el crecimiento de la ultraderecha ejerza un papel decisivo.

En este momento las encuestas no pronostican una clarificación del panorama. Ni siquiera en Andalucía, cuya legislatura acaba en junio, tienen los populares una mayoría absoluta asegurada. En el resto de las comunidades en juego, sobre todo en la castellana, la única certidumbre es la de un Vox al alza. Aun así, los partidarios de adelantar defienden la conveniencia de infligir al bloque de izquierdas una derrota múltiple y simultánea que acabe con cualquier esperanza de remontada y fije en la opinión pública la idea de un inevitable final de etapa. Esas son las dos hipótesis básicas que están en la balanza y ha de ser la cúpula de Génova la que valore inconvenientes y ventajas. Nunca, nunca sus sucursales vernáculas.

Quedan otros factores secundarios a ponderar. Uno es la costumbre judicial –no escrita y desde luego no obligatoria– de frenar las diligencias susceptibles de influir en procesos electorales. Oxígeno para los apuros del presidente y sus familiares. Otro, la experiencia de urnas cargadas por el diablo con sorpresas desagradables. Un tercero, la influencia de una campaña de esta clase en los marcos generales de debate, que hace dos años sufrieron una variación muy importante. Y por último, la debilidad del PP en las rectas finales, su contrastada tendencia al autosabotaje. Cualquier fallo de cálculo alterará el desenlace: cuando una victoria parece clara siempre es el favorito quien debe preocuparse.