ABC 28/06/17
SOLEDAD BECERRIL, DEFENSORA DEL PUEBLO
Escribía hace pocos días el catedrát ico de Constitucional Jorge Esteban que «poner urnas en una democracia no es un acto gratuito, sino que exige dos condiciones mínimas». Mencionaba los principios de legitimidad y de legalidad, para luego disertar sobre la intención, por parte de la Generalitat de Cataluña, de celebrar un referéndum en fechas próximas.
Para la celebración de un referéndum o consulta son necesarios, además, varios elementos materiales no menores, y a uno de ellos me quiero referir: las papeletas.
En la «consulta» de noviembre de 2014, para la que no se daban las condiciones legales, las papeletas fueron confeccionadas en un centro penitenciario de Lérida.
Los internos de los centros penitenciarios tienen la posibilidad de realizar diversos trabajos como forma de contribuir a su formación, a obtener una remuneración, y a una conducta tenida en cuenta a efectos de mejorar su situación penitenciaria. Los talleres son, por tanto, siempre bienvenidos y, cuando el trabajo escasea, internos y personal funcionario se lamentan de ello.
Empresas diversas contratan con el centro penitenciario, y así se confeccionan uniformes, batas para hospitales, cables para sistemas de electricidad o informática… pero lo que no procede es que un partido político o un gobierno, vía empresa adjudicataria, les encargue la confección de papeletas, en este caso, para un referéndum que además es ilegal.
¿Qué interno va a rechazar la confección de papeletas? Si así lo hiciera saldría bien perjudicado, primero por identificarse con una posición política y segundo por no aprovechar la oportunidad de mejorar su situación, como se le ofrece.
Posiblemente no se menciona en el reglamento precepto concreto que impida este tipo de trabajo. Seguramente no se había reparado en ello; no será, pues, ilegal, pero si sería un abuso total. ¿Qué sucedería si en la cárcel de Ocaña o de Topas un partido político contratara la confección de sus propias papeletas para unas elecciones?