Usted cobrará seis años más de pensión que sus padres

Cuatro palabras —mecanismo de equidad intergeneracional— han puesto patas arriba la concertación social. No son, evidentemente, cuatro palabras cualquiera. Lo que se esconde tras ese tecnicismo un tanto burocrático, en realidad, es la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Ya sea mediante una fórmula que tenga en cuenta la esperanza de vida, como quería el anterior Gobierno, que lo llamó factor de sostenibilidad, o subiendo las cotizaciones para que los trabajadores ahora en activo engorden durante 10 años, a partir de 2023, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social con una aportación adicional finalista equivalente a 0,6 puntos porcentuales por contingencias comunes. Y que el actual Gobierno ha denominado mecanismo de equidad intergeneracional. 

En ambos casos, aunque se llamen de forma distinta, con un mismo fin: hacer sostenible el sistema de pensiones a la luz de una realidad estadística incuestionable y que resulta algo más que llamativa. En 1977, al comienzo de la democracia, la esperanza de vida a los 65 años —hombres y mujeres— era de 15,67 años, pero en 2019 (el año 2020 fue extraordinario a causa de la elevada mortalidad que provocó el covid) fue de 21,57 años. Y la progresión no ha acabado.

Es decir, en 42 años, la esperanza de vida a la edad de jubilación (65 años para quienes tengan carreras largas de cotización) se ha prolongado en 5,9 años. O dicho de otra manera, la Seguridad Social de ahora paga casi seis años más de pensiones que lo hacía al comienzo de la democracia. En total, 84 mensualidades más incluyendo las correspondientes pagas extraordinarias. Por lo tanto, con los valores actuales, serían unos 100.200 euros adicionales por beneficiario (la pensión media de jubilación son 1.193 euros). Y no son pocos los perceptores. La Seguridad Social, en la actualidad, paga 6,2 millones de pensiones de jubilación.

Las pensiones de Zapatero

No puede sorprender, por lo tanto, que desde que la ley de reforma de las pensiones aprobada en 2011 en tiempo de Rodríguez Zapatero, con acuerdo de sindicatos y empresarios, pusiera en marcha un factor de sostenibilidad —así lo llamó— con el objetivo declarado de “mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas”, el asunto haya sido el principal caballo de batalla en las pensiones. Ninguna otra cuestión ha sido tan polémica.

Aquel acuerdo estableció que el dichoso factor se aplicaría a partir de 2027 para los mayores de 67 años, que es cuando acabará el periodo transitorio, pero desde entonces lo que ha habido por medio es una reforma de las pensiones, la de la época Rajoy, y una ley que reguló su funcionamiento, publicada en diciembre de 2013, y que ya precisó la fórmula de cálculo. 

Esta fórmula se basó en dos parámetros. Por un lado, se tendrían en cuenta las tablas de mortalidad de los pensionistas de jubilación —existen otras modalidades de pensión— y, en segundo lugar, se seguirían tomando como referencia los 67 años. Lo que se estableció entonces es que para la aplicación del factor de sostenibilidad se tendrían en cuenta los valores numéricos “por una sola vez”, se aclara, para la determinación del importe inicial de las pensiones de jubilación a partir de 2019 en adelante. La realidad, sin embargo, ha sido distinta. Tan distinta que quien hizo la ley la metió en el congelador. Y ahora, previsiblemente, quedará enterrada.

El Gobierno Rajoy sacó adelante los presupuestos de 2018 con el apoyo del PNV, poco antes de la moción de censura que lo sacó de la Moncloa, pero para lograr ese objetivo los nacionalistas vascos —presionados por las numerosas marchas de pensionistas en Euskadi— le obligaron a retrasar el factor de sostenibilidad hasta el año 2023. Es decir, 12 años después de su aprobación, seguía en el limbo legal. Y ahí sigue, toda vez que formalmente no está derogado, pero el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a hacerlo. Claro está, a cambio de poner en marcha un nuevo mecanismo —la subida de cotizaciones— que es el que rechazan las patronales. Y que es, precisamente, el que el Ejecutivo ha acordado con los sindicatos.

Poder adquisitivo

Esto es así porque la madre del cordero en la reforma de las pensiones vuelve a ser el factor de sostenibilidad, independientemente de cómo se llame. Y, de hecho, es lo que le preocupa a Bruselas, incluso más que el periodo de cálculo o la revalorización en función del IPC, asunto en el que no ha puesto pegas pese al déficit estructural que mantiene el sistema y que es cubierto con impuestos. Entre otras razones, porque sería discriminar a España frente a otros países que garantizan el poder adquisitivo de los jubilados.

Esta posición de Bruselas tiene que ver con que lo que preocupa es la sostenibilidad en el tiempo y, en concreto, los efectos de la entrada de los ‘boomers’ en el sistema de pensiones. En esto, hay que reconocerlo, la Comisión Europea es poco keynesiana. No en vano, la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones —el sabio de Cambridge decía que a largo plazo, todos calvos— tiene casi todo que ver con la demografía. 

En particular, por la combinación de tres factores que se alimentan entre sí: los flujos migratorios, la fecundidad y la esperanza de vida. Además de otros factores que también influyen de forma relevante, como la tasa de actividad, la productividad, las carreras de cotización y, por supuesto, la política de revalorización de las pensiones. Y lo que dicen las proyecciones de la AIReF es que hasta 2050 la esperanza de vida al nacer crecerá un año cada década, lo que significa que dentro de 30 años se situará en 84,3 años para los hombres y 89,5 años para las mujeres. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) complementa estas cifras. En 2035, las mujeres que por entonces tengan 65 años tendrán una esperanza de vida en promedio de 24,5 años y en el caso de los hombres el valor sería de 20,9 años, frente a los 22,7 años de supervivencia en el año 2020 para las mujeres a los 65 años y los 18,7 años de supervivencia en el año 2020 para los hombres, igualmente a los 65 años. También sus hijos cobrarán la pensión mucho más tiempo que usted.