Juan Pablo Colmenarejo-ABC

• Sánchez cierra con llave, blindado por el poder extraordinario de la alarma y con la alternativa distraída tras su ruptura pública

Por mucho que Margarita Robles se indigne, en la partida de verdad, apenas tiene cartas. Los irritados ministros socialistas podrán manifestar en público sus escozores con Iglesias, pero hasta donde les deje el presidente. Ni más ni menos que el propio vicepresidente segundo, un agitador profesional al que Sánchez necesita para seguir. El Gobierno de coalición no ha cumplido ni un año, pero se acerca el momento de darle más aire. Los Presupuestos Generales del Estado van a toda velocidad camino del BOE, con fecha 1 de enero de 2021. Sánchez buscaba un mullido colchón para su plan y lo va a tener, sin importarle lo que deje, caiga o pierda por el camino. En cualquier democracia de la Unión Europea no hay ministro del Interior que soporte un desastre como el de Canarias sin presentar la dimisión, salvo Marlaska que ha olvidado su juventud como servidor del Estado. Sánchez tiene un proyecto personal que pasa por encima del PSOE. El fin (un par de legislaturas más) justifica los medios (Iglesias y compañía).

El líder de Podemos maniobra, dentro y fuera del Consejo de Ministros. Desde que empezó en la facultad, se sabe un maestro de la intriga envolvente, líder en una melé. Iglesias engorda su clan anti-78, sumando a ERC y a los batasunos de Bildu -o, como dice Juaristi, «el partido de los chivatos e informantes»- mientras Sánchez juega a varias barajas como un prestidigitador, pero con cubilete y tres bolitas. Acuerda con el PNV siempre dispuesto a liquidar su cuota, mantiene a Ciudadanos con los alfileres de Arrimadas y paga con inversiones pasadas el voto de los partidos provinciales. El presidente del Gobierno cierra con llave, blindado por el poder extraordinario de la alarma, y con la alternativa distraída por los palos de su dolida escisión tras la pública ruptura. Va para largo, como la «ley Celaá» que borra del mapa al Estado y, a la vez, estataliza la educación. Ni el castellano es vehicular y oficial en España ni los padres pueden escoger la educación de sus hijos porque no son suyos. «El plan Sánchez» (Rivera, 2019) existe y va mucho más allá de 2023.