Muy poco ha tardado la vicepresidenta segunda en iniciar la reparación del deterioro de su imagen provocado por la rocambolesca aprobación de su reforma laboral. Ayer, anunció la apertura de una nueva negociación, esta vez para subir el salario mínimo. Y lo hizo, de manera curiosa, adelantando el sentido final de la misma. Así que más que una negociación para decidir será una mesa para enterarse de la decisión. No sé si irá alguno de los convocados, pues les basta con leer el periódico, oír la radio o ver la televisión. La subida será del orden del 3,6% y situará al SMI en los 1.000€, una cifra mágica que coincide con las exigencias sindicales. A primera vista, un 3,6% es algo más de la mitad de la inflación acumulada a diciembre, así que parece una medida sensata y prudente, nada exagerada. Es lo bueno de utilizar la técnica del ‘salchichón’. Esa que propone trocear los problemas en rodajas para hacerlos más digeribles y menos indigestos. Los problemas aparecen cuando hacemos la suma total y vemos que, incluida esta propuesta, este Gobierno ha subido el salario mínimo más de un 35,88% desde el año 2018. Y, eso no es inocuo, aunque muchos lo crean así.

Todo parte de un enfoque erróneo del problema. Los salarios no dependen solo de la voluntad del Gobierno ni de los deseos de quienes los percibimos. Es una verdadera lástima, porque si fuera así, habría que ser más ambiciosos y subirlos el doble. O, aún mejor, el triple. ¿Qué habría de malo en ello? La señora Díaz afirma que su propuesta se sitúa en medio de lo que le piden los sindicatos y el nivel actual. Pues si ese es el método correcto para este tipo de cuestiones, los sindicatos se han equivocado. Tenían que haber pedido mucho más y la media sería más elevada.

Lo malo es que, en la realidad, los salarios dependen de cosas tan groseras como la productividad del trabajo desarrollado, la rentabilidad de la empresa y las alternativas de quienes los pagan. Nunca se debe olvidar que el Gobierno puede obligar a contratar de determinada manera y a pagar a ciertos niveles salariales. Lo que no puede es obligarle a nadie a contratar. Así que los empresarios, o los autónomos o las familias que contratan a personas que cobran el SMI, harán sus cuentas y decidirán si les interesa pagarlo o si prefieren reducir horas o recortar plantillas. Eso, agravado por el efecto tracción que tiene el SMI sobre los salarios inmediatamente superiores, que son muchos. Cada día más, con estas subidas.

Y luego está la cuestión territorial. La idea era colocar al SMI en el 80% del salario medio y hay varias comunidades que hace tiempo que lo han superado. Seguro que es una injusticia social, pero 1.000 euros en Pinofranqueado no son lo mismo que 1.000 euros en Zarautz, aunque lo parezca visto de lejos.