Editorial de EL MUNDO
AL MARGEN de las motivaciones electorales, celebramos el cambio de discurso de Pedro Sánchez respecto de Cataluña. El candidato del PSOE ha sustituido su mensaje en favor de la plurinacionalidad y hoy no solo blasona del nombre de España en su propio lema de campaña, sino que afirma estar dispuesto a aplicar toda la fuerza de la ley para sofocar la insurrección que el separatismo planea tras la sentencia del Supremo. Pero mejor sumarse tarde que nunca a los diagnósticos de Pablo Casado y Albert Rivera, así como a la firme respuesta que los líderes de PP y Cs llevan tiempo proponiendo ante la escalada de tensión secesionista. Lo que hace falta es que Sánchez abandone toda tentación de blandir el 155 o la Ley de Seguridad Ciudadana como puro trampantojo, como el enésimo recurso de mercadotecnia electoral. En Cataluña no se juega Sánchez el resultado del 10-N, que seguramente también: en Cataluña se juega España entera el futuro de su salud democrática y su unidad constitucional.
Por esa razón cabrá recordar a Sánchez sus actuales apelaciones al consenso con la oposición cuando llegue el momento. Pero si de lo que se trata es de tomar en serio el giro constitucionalista de Sánchez, el presidente en funciones acaba de arruinar la primera ocasión para demostrar credibilidad permitiendo que el PSC de Miquel Iceta se abstenga en la moción de censura contra Quim Torra por la única razón partidista de que la presenta Ciudadanos. Iceta se empeña así en seguir ocupando un espacio imposible entre la Constitución y la insumisión. Entre ley y desacato. Y su diputada Eva Granados incurre en la vergonzosa equiparación entre Torra y Lorena Roldán, como si quien jalea la violencia pudiera jamás pertenecer al mismo plano moral que quienes la sufren y están obligados por ello a llevar escolta.
Nos gustaría creer que Sánchez va en serio. Que, llegado el caso, reunirá a las fuerzas constitucionalistas como le ha pedido Rivera y que, como primera medida, asumirá el control de unos Mossos que no pueden estar a las órdenes de alguien como Torra. También debería estudiar la petición de Casado de restablecer el control de las cuentas de la Generalitat para que no siga destinando fondos a financiar un nuevo golpe: no olvidemos que levantar ese control fue la primera decisión que tomó Sánchez en cuanto la moción de censura lo llevó a Moncloa, en recompensa al apoyo de ERC y JxCat.
Nos gustaría creer, en fin, que Sánchez no está usando Cataluña para impostar una firmeza que no pretende ejercer de veras en defensa de la libertad y la seguridad. Que su resucitada fe en la defensa de la unidad de España no es un mero titular de alguna de las entrevistas que concede estos días. Y que esta vez, si la Generalitat relanza su desafío, tomará las decisiones pertinentes pensando en el bien común y no en el interés particular de su candidatura.