Es sabido que las Cámaras parlamentarias, al igual que otros órganos constitucionales, interrumpen su actividad normal desde finales de julio hasta primeros de septiembre. Pero durante este periodo vacacional, aunque los diputados y senadores disfrutan,como la mayoría de la población, del descanso estival, el Congreso y el Senado no cierran por vacaciones y siguen desarrollando sus funciones, si bien en la forma y en los términos previstos constitucionalmente y en los reglamentos del Parlamento.

Todos los textos constitucionales de los países de nuestro entorno prevén, bajo distintas formas, la permanencia de las funciones parlamentarias en los periodos en los que las Cámaras no están reunidas, bien sea por su disolución a la espera de nuevas elecciones o por vacaciones, como ocurre en el momento actual. En nuestro caso, esa función de garantizar la continuidad de la actividad parlamentaria se asigna a un órgano específico, la Diputación Permanente, a la que la Constitución dedica expresamente una disposición (artículo 78), que juntamente con las que desarrollan ésta en los reglamentos del Congreso y Senado regulan su actividad.

A pesar de ser un órgano al que apenas se presta atención, tanto desde el punto de vista académico al explicar el temario de la asignatura de Derecho Constitucional como desde el punto de vista político en la conformación de los órganos constitucionales, no sería justo olvidarse de él ya que puede llegar a jugar un papel importante en determinadas situaciones. En cualquier caso, llama la atención que, existiendo un órgano cuya misión, como indica de forma expresiva su propia denominación -Diputación Permanente-, es garantizar la permanencia de la actividad parlamentaria en los periodos vacacionales y no habiendo faltado hechos durante este último mes que requerían que el órgano creado expresamente para ello tuviese, al menos, alguna presencia, éste no haya tenido actividad alguna.

No es que la Diputación Permanente vaya a solucionar por el solo hecho de reunirse los serios problemas que tenemos, que estos sí que no toman vacaciones; pero durante este mes vacacional sí se han dado situaciones que bien merecían haber sido objeto de, al menos, un seguimiento parlamentario en el órgano que, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las Cámaras, está precisamente para eso. Es algo que los partidos que sostienen al Gobierno e integran la actual mayoría parlamentaria podían, e incluso puede sostenerse que debían, haber hecho sin tener que esperar hasta el 25 de agosto, a punto de finalizar ya el periodo vacacional y cuando las decisiones que se tomen, o se dejen de tomar, en este órgano no tienen ya efectividad alguna.

Pero si la actitud del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sustenta puede ser objeto de crítica por su pasividad en relación con la (no) activación de este órgano cuando se dan los supuestos que justifican su presencia, el comportamiento de la oposición debe merecer especial atención. En primer lugar, porque podía haber promovido también la intervención de la Diputación Permanente desde la primera semana de las vacaciones y no lo ha hecho. Pero, sobre todo, porque cuando se convoca la reunión de este órgano (25 de agosto) plantea en ella una retahíla de asuntos que, además de lo prolijo y disperso de su contenido, en la mayoría de los casos no tienen nada que ver con las cuestiones que pueden requerir su reunión.

Así, de acuerdo con el orden del día de la sesión de la Diputación Permanente (www. congreso.es) se pide la comparecencia de nada menos que diez ministros y ministras, además del jefe del Gobierno, para que den explicaciones, bien en el pleno del Congreso o en la comisión correspondiente, de asuntos que van desde Afganistán y los talibanes a la convocatoria de elecciones en Nicaragua, la Comisión bilateral con Cataluña o el viaje de Pedro Sanchez a EE UU el pasado julio; pasando por la sentencia del Tribunal Constitucional, también de julio pasado, sobre el estado de alarma, el precio de la luz, la opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy, la aerolínea Plus Ultra, las vacunas, la nacionalización de los descendientes sefardíes, etcétera. Sorprendentemente, no hay ninguna alusión a un tema como el de la situación en Ceuta que, éste sí, debía haber merecido ser tratado en la Diputación Permanente.

No es serio este comportamiento institucional, menos aún en formaciones políticas que aspiran a gobernar; más bien es un ilustrativo ejemplo, otro más, de utilización instrumental de las instituciones, en este caso de la Diputación Permanente, con fines ajenos por completo a los propios de este órgano.

La sesión (única durante todo el mes de agosto) de este órgano marca, por otra parte, el fin del periodo vacacional parlamentario al tiempo que puede considerarse también el prólogo del periodo de sesiones que se abrirá dentro de unos días. Sería de desear que en el nuevo curso parlamentario a punto de comenzar el comportamiento institucional, manifiestamente mejorable en general pero muy especialmente por lo que se refiere a las principales formaciones políticas, pueda ser mas homologable con las prácticas habituales en la democracia parlamentaria. A veces no está nada claro que esté siendo así.