Ignacio Camacho-ABC
- Otro gesto miserable de revanchismo xenófobo: negar a Policía y Guardia Civil las vacunas que ya tienen los Mozos
No ha sido ‘un fracaso’, como benévolamente y para quitarle importancia al asunto ha dicho la ministra Carolina Darias. El retraso en la vacunación de los agentes de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña es un agravio, un sabotaje y tal vez un presunto delito contra la salud de los trabajadores sobre el que debería pronunciarse la Fiscalía. Y dado que la Generalitat sí ha inmunizado a los Mozos de Escuadra y a las policías locales, se trata de un caso evidente de discriminación por razones políticas. Las excusas técnicas sobre el censo y la distribución de las dosis son eso, pretextos de rutina para encubrir la mala fe de esta especie de revancha mísera contra los cuerpos de seguridad encargados de sofocar hace tres años la insurrección independentista. Y el Gobierno de la nación ha reaccionado de forma tan tardía como tímida, en contraste con la virulencia dialéctica que suele desplegar cuando las autoridades sanitarias de Madrid desoyen las recomendaciones para adoptar sus propias medidas.
Lo que ha hecho Darias para subsanar un retraso que en realidad constituye un escarnio es asumir de oficio la tarea de vacunar a los miembros de las fuerzas del Estado. Es decir, intervenir como recurso subsidiario cuando tiene el poder, concedido por el decreto de alarma, de dar a las instituciones catalanas una orden de cumplimiento inmediato. En período de normalidad jurídica, éste sería un supuesto palmario de aplicación del artículo 155; una actuación -o ausencia de ella- contra los intereses generales acompañada de desobediencia reiterada a los requerimientos del Ejecutivo. En cambio bajo la legislación excepcional de emergencia todo resulta más sencillo: el mando único sitúa a las administraciones autonómicas a plena disposición de los ministros. Otra cosa es que bajo el mantra de la ‘cogobernanza’ el Gabinete no haya querido usar este instrumento normativo por no mancharse las manos con decisiones susceptibles de provocar conflictos. Pero la displicente chulería soberanista merecía un golpe sobre la mesa, al menos con la misma beligerancia que el sanchismo despliega contra la comunidad madrileña. Ayuso habrá podido hacer de su capa un sayo a la hora de proceder su cuenta; lo que no ha hecho es tomar a los servidores públicos como rehenes de una afrenta.
Este episodio no es una mera anécdota. Revela la hostilidad sin miramientos con que el independentismo niega los más elementales derechos a todo el que considera ajeno a su proyecto. La eterna dicotomía entre los de fuera y los de dentro. Si pudiesen otorgarían a sus votantes el privilegio de inocularse primero; en su defecto, simbolizan en los uniformes el rechazo a lo externo, pura xenofobia, supremacismo mal encubierto. Un desaire que el Gobierno de España consiente de hecho al plegarse a vacunar a los guardias como si fueran miembros de una misión en el extranjero.