Seguramente si la campaña de vacunación se hubiera acometido con las previsiones pertinentes, sin falsas expectativas y acudiendo, por una vez, con diligencia a los mercados, ahora no nos encontraríamos con este frenazo. Con las neveras vacías en plena guerra entre Europa y las farmacéuticas. Pero esta es la realidad. Israel y Reino Unido parece que nos han ‘madrugado’ el maná sanitario. Entre esta competencia y los retrasos de la producción, vemos que el reto del Gobierno de tener vacunada al 70% de la población en verano se aleja en el horizonte. En plena tercera ola y, a pesar de que Pedro Sánchez habla ya del Covid en pasado («2020 fue el año del virus y la resistencia»), la gente ha dado un vuelco en sus expectativas. Precisamente porque ven que seguimos atrapados en la pandemia y con un volumen de vacunas insuficiente, se ha desatado las iras contra quienes se aprovecharon de su situación para inocularse dosis que bien podrían haber ido a otros sectores más vulnerables de la población. Cuando hay escasez, se producen los agravios.

Y, si hace unos meses predominaban los recelos ante la desconfianza frente a la novedad («¡que se vacunen ellos primero!», en alusión a los políticos), ahora los pequeños justicieros que muchos llevan dentro están aquejados de ‘vacunitis’. Y reclaman que las autoridades políticas asuman responsabilidades. Seguramente si hubiera vacunas para todos, estaríamos hablando de otra cosa. En Israel, con su ‘vía exprés’ para vacunar a tres cuartas parte de su población, nadie recriminó a su primer ministro, Benjamín Netanyahu, que se vacunara el primero, y ante las cámaras.

Así quería hacerlo el exgerente del hospital de Santa Marina, José Luis Sabas, cuando comunicó sus intenciones de proceder a una vacunación masiva al equipo directivo y a la consejería de Salud, invitándolos incluso a presenciar el momento. Un total de 224 trabajadores del centro defienden al dimisionario. Pero la consejera no reconoce haber autorizado ninguna vacunación irregular. Solo admite su responsabilidad por «el error» de la descoordinación en el envío de los viales. Y hasta ahí pudo leer ayer en su comparecencia parlamentaria. Gotzone Sagardui no convenció. Estos casos (los de Basurto y los de Santa Marina, con sus notables diferencias) les parecen un escándalo. Desde Bildu hasta Vox. La consejera tenía que haber estado al corriente. Por consentimiento u omisión, es responsable. El PP habló de su incapacitación. Pero no dimite. Tampoco había apaciguado los ánimos el lehendakari Urkullu cuando habló de «pena, rabia y tristeza» por las vacunaciones irregulares. Euskadi ha sumado ya 89 muertos en la última semana. Y con 1.104 nuevos contagiados. La tasa de incidencia sigue creciendo. En algunos casos está más que justificado que se vacunen los máximos responsables. Pero la ‘vacunitis’ ha creado otro foco de desconfianza hacia los políticos. Mal asunto.