La izquierda abertzale trata de minimizar su ruptura con el pasado, de abaratar sus costes. Convencida de que ETA seguirá existiendo, intenta distanciarse de ella caminando de puntillas. Pero su sombra le seguirá enfrentando una y otra vez a la disyuntiva de exigir su disolución o verse contaminada por lo que pueda hacer.
La rotundidad con la que el vicepresidente Rubalcaba anunció ayer que Interior ha paralizado el registro de Sortu porque representaría la «continuidad» de la ilegalizada Batasuna no sólo trata de quitarse de encima la presión ejercida por el PP. Si la Fiscalía General y la Abogacía del Estado convierten en argumentos y pruebas objetivas la firme convicción mostrada por el vicepresidente no será fácil que el Supremo enmiende la plana al Gobierno socialista. De manera que la única oportunidad para el sol naciente de Sortu quedaría en manos del reordenado Tribunal Constitucional. Resulta inevitable pensar que si el pronóstico del CIS fuese inverso, y concediera a los socialistas diez puntos de ventaja sobre los populares, las palabras de Rubalcaba habrían sido muy distintas. Aunque en una lectura positiva de la relación entre los dos grandes partidos cabría señalar que PSOE y PP parecen coincidir en que la admisión de la izquierda abertzale como formación legal requiere tiempo.
A ello se refirieron hace unos días la cara amable del Gobierno en esta materia, el presidente Zapatero, y el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal. Se requeriría tiempo para comprobar si de verdad ha cambiado algo en el MLNV. Podría tratarse de una componenda cautelosa para posponer la decisión a la previa celebración de los comicios locales y forales. Sin embargo la constatación de que los verdaderos promotores de Sortu son los mismos dirigentes activos de Batasuna no significa que la resultante sea la misma organización ilegalizada. Desde luego no es eso lo que se deduce de los estatutos de Sortu.
A pesar de que la nueva formación no lograra registrarse legalmente, es probable que su proscripción quede tan atenuada por las circunstancias que permita el acceso de la izquierda abertzale a las elecciones del 22 de mayo. Sencillamente porque la cosa ha cambiado lo suficiente como para que al Estado de derecho se le haga muy difícil tapiar todas las posibles vías de participación electoral. No nos vamos a engañar, todos los partidos están contemplando este escenario. También el PP. La propia izquierda abertzale evita dramatizar la eventualidad de que la marca Sortu quede por ahora fuera de la liza política porque, en ese caso, sus integrantes esperan concurrir en listas de EA y Alternatiba a los comicios de mayo. En realidad sería como volver al inicio de todo este embrollo, cuando la antigua Batasuna comenzó hace algo más de un año a tratar de librarse de los escombros de la T-4 sondeando las posibilidades de una plataforma electoral que la sacara de la ilegalidad. Siguiendo con las lecturas positivas de la situación, la paralización del registro de Sortu incrementará la valía democrática de la legalización de la izquierda abertzale cómo y cuando se produzca ésta, y en general de su futura participación institucional.
Los estatutos de Sortu, tan puntillosos jurídicamente como descuidados en sus apartados ideológicos y organizativos, están dirigidos al Tribunal Supremo, pero no solo. Nunca la izquierda abertzale se había esmerado tanto en ceñirse a la legalidad. Pero quizá lo más relevante de su contenido es el mensaje que los fundadores de Sortu envían a sus bases e, indirectamente, a quienes integran ETA. Conviene preguntarse cómo se les quedará el cuerpo a estos últimos cuando lean eso de que «los representantes, militantes y cargos orgánicos e institucionales de Sortu» procederán al «rechazo firme e inequívoco de todo acto de violencia y terrorismo y de sus autores». Seguro que no lo tomarán como una treta de leguleyo.
Pero hay más. Cuando en el capítulo preliminar de los estatutos Sortu señala que el nuevo partido trata de «impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia» no sólo está indicando a los tribunales que nada tendrá que ver con ellas. También se cura en salud ante la perspectiva cierta de que ETA -o lo que reste de ella- sobrevivirá a la eventual legalización de Sortu y que continuará proyectando sobre la izquierda abertzale una sombra insoslayable de pasado compartido, vínculos solidarios, implicaciones personales, e incluso coincidencia literal en cuanto a los objetivos políticos últimos.
La izquierda abertzale trata de minimizar su ruptura con el pasado, de abaratar sus costes. Convencida de que la banda terrorista seguirá existiendo, intenta distanciarse de ella caminando de puntillas. Pero la sombra de ETA la seguirá enfrentando una y otra vez a la disyuntiva de tener que exigir públicamente su disolución o verse contaminada por lo que pueda hacer y decir. Ahora mismo bastaría un saluda público de los etarras al nacimiento de Sortu para certificar que las nuevas siglas son continuación de las ilegalizadas.
La legalización de Sortu depende probablemente del Tribunal Constitucional, aunque también de las restricciones introducidas recientemente en la legislación electoral, pensadas sobre todo para cerrar el paso a la eventual reversibilidad del camino emprendido por la izquierda abertzale. Es a ésta a la que corresponde demostrar su valía democrática, y no sólo ante los tribunales. Deberá también disponerse a reivindicar su legalización no como un derecho vulnerado por la democracia sino como una aspiración legitimada porque realmente haya cambiado. La manifestación convocada para el próximo 19 en Bilbao sería una oportunidad para ello.
Kepa Aulestia, EL CORREO, 12/2/2011