Hace 10 años, en 2011, escribí un libro junto a otros economistas titulado ‘Nada es gratis: cómo evitar la década perdida tras la década prodigiosa’. Por desgracia, no fue una profecía agorera: perdimos la década. Tras la crisis causada por la pandemia, corremos el peligro de desperdiciar otra. No nos lo podemos permitir. 

A partir del 2011, el Gobierno de Rajoy y luego el de Pedro Sánchez ignoraron las reformas que España necesitaba. La realidad, como reflejan los datos, es que durante esa década nuestro país no avanzó. 

Tres cifras clave. Primero, nuestra economía no ha crecido. El producto interior bruto (PIB) per cápita en 13 años —desde el pico anterior a la crisis en 2007 hasta el pico prepandemia, en 2019— aumentó de media un 0,3% anual. En los 13 años que hay entre los dos picos, no crecimos prácticamente nada.

En segundo lugar, seguimos sin invertir en innovación, uno de los retrasos claves de España. Estamos en el mismo grupo en el que se encuentran Grecia y Croacia en cuanto a la proporción del PIB que dedicamos a innovación (1,25%). Mientras que en España disminuimos nuestra inversión en I+D, los países punteros como Alemania la han aumentado, con lo que se ha agrandado la brecha: en 2009 invertíamos un 1% menos que Alemania; para 2019, la brecha se había ampliado al 2%. 

Finalmente, seguimos a la cola de Europa en desempleo y temporalidad. Los contratos temporales, que condenan a los trabajadores a la precariedad, se han mantenido estables. En 2009, un 25% de temporalidad; en 2019, el 26%. La media europea es del 15%.

Todo esto ya no podemos cambiarlo. Esa década ya la hemos perdido. Sin embargo, sí que podemos decidir cómo afrontar la recuperación posterior a la pandemia para evitar perder otra. Esto está enteramente en nuestras manos, y depende de dos decisiones clave: las reformas que hagamos y la forma en que invirtamos los fondos europeos. 

En primer lugar, y esto es lo más importante, necesitamos reformas. Pero no reformas para satisfacer promesas absurdas, sino para resolver los problemas que sabemos que tiene nuestra economía. En la sostenibilidad de las pensiones nos jugamos el ser o no ser los señalados en la próxima crisis del euro. La reforma laboral no puede sustituir temporalidad por rigidez, porque sufrirá el empleo; necesitamos avanzar hacia la flexiguridad nórdica. Y la innovación e inversión en capital humano sigue siendo, tras décadas, o siglos, nuestra asignatura pendiente. Para los que sepan de matemáticas, o de economía, o de física: ¿qué teorema matemático, descubrimiento o innovación tiene nombre español desde hace cinco siglos? Esto requiere más inversión, pero también un cambio radical en la gobernanza de nuestras universidades.

En segundo lugar, la inversión de los fondos europeos. La UE acaba de hacer un análisis de los proyectos de presupuestos de los Estados miembros para 2022 que revela que el Gobierno fía la recuperación económica a la ejecución de esos fondos. España es, con gran diferencia, el país de la Unión Europea que más dependerá de ese dinero. Italia, Francia y Alemania, por ejemplo, se apoyarán más en medidas financiadas con sus presupuestos nacionales. 

La opción del Gobierno es arriesgada, porque, si no conseguimos ejecutar los fondos europeos, tendremos un enorme agujero de inversión. Desafortunadamente, las señales no son positivas: de los 27.000 millones de euros comprendidos en el presupuesto de 2021 solo 7.800 millones se han incluido en convocatorias ya cerradas o aprobadas.

Estos datos coinciden con las críticas a la aplicación de los fondos que acaban de hacer dos grandes empresas. Enel, la multinacional que distribuye electricidad y gas, ha anunciado que prevé invertir en España 400 millones de euros menos de lo previsto en 2022 por el retraso en los fondos europeos. Por su parte, el conglomerado europeo Airbus ha criticado la falta de implicación del Gobierno para que el sector aeronáutico pueda utilizar los fondos. Si las grandes empresas tienen problemas, imagínense las pymes y los autónomos. 

Otra señal preocupante: como es sabido, las comunidades autónomas serán claves para ejecutar los fondos, porque varios programas entran dentro de sus competencias. Sin embargo, el plan de recuperación se ha diseñado sin tenerlas en cuenta. Por eso, ahora se encuentran con que tienen que poner en marcha unos proyectos que no responden a sus necesidades.

Hace un mes, el Gobierno dio un plazo de 15 días a las CCAA para que le enviasen tres proyectos estratégicos. ¡Un plazo de 15 días, cuando han tenido un año para prepararlo! La improvisación y la ausencia de planificación de la Moncloa con respecto a los fondos de la UE son algo que nos puede costar muy caro. 

En este periodo presupuestario europeo de siete años (2021-2027), España va a recibir cuatro veces más dinero que en el periodo anterior (2014-2020), en el que ya tuvimos problemas para ejecutar las partidas. No solo tenemos que ejecutar los fondos de recuperación, se trata, además, de los tradicionales fondos de cohesión. 

A esto hay que añadir —en la misma pesadilla de la no ejecución— que nos quedan unos 30.000 millones de euros por liquidar del marco plurianual anterior (2014-2020); es decir, el 50% de lo que se le asignó a España para siete años. Y tenemos solo hasta 2023 para gastarlo y certificarlo ante la Comisión. Si no, lo perdemos. La realidad es que todo apunta a que la Administración no está preparada para asumir el estrés de gestión al que se va a ver sometida durante los próximos años.

Es muy importante ser conscientes de esto: mientras que, en el caso de los fondos tradicionales, España logra ejecutarlos en los tres años extra que se conceden al acabar el periodo, el fondo de recuperación europeo termina en 2026.No hay plazo extra. Se ha diseñado para que el dinero se gaste rápido, como plan de choque contra la crisis económica causada por la pandemia, así que la ejecución será todavía más compleja.

Con las cifras de la década perdida muy presentes, y los perjuicios de todo tipo que eso ha acarreado a los ciudadanos, desoír las señales de alarmaque indican que no vamos por buen camino es un ejercicio de insensatez que no pasará inadvertido ni a los europeos ni a las actuales y futuras generaciones de españoles.

* Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.