Una estrategia empieza a perfilarse en el horizonte: deslegitimar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como institución, para desacreditar las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno.
Esta ha sido la estrategia de José Luis Ábalos desde el principio. El exministro, cada vez más comprometido por los hallazgos de la Guardia Civil, ha lamentado ser víctima de una investigación «prospectiva y de carácter general». Y ha invocado reiteradamente los errores puntuales de la UCO como evidencia de que se trata de una investigación «tendenciosa».
Lo inquietante es que el Gobierno parece dispuesto a hacerle el juego a Ábalos. Después de la filtración de los mensajes entre el exministro y Pedro Sánchez, más que verosímilmente filtrados por el propio Ábalos para poner a su favor al Gobierno frente a la UCO, Moncloa comenzó a poner en circulación, de manera discreta, un discurso de cuestionamiento de la labor de la Guardia Civil. María Jesús Montero señaló a la Unidad como la responsable de haber custodiado esos whatsapps.
Pero de ahora en adelante, la UCO va a pasar a formar parte del elenco de espantapájaros que agita Moncloa para sostener la narrativa de un contubernio mediático, judicial, empresarial y policial contra el Gobierno.
EL ESPAÑOL publica hoy que la fontanera de Santos Cerdán, María Leire Díez Castro, se reunió con Ábalos y Koldo García para coordinar sus estrategias contra la UCO. Fue el pasado febrero cuando comenzó la operación Salvar al soldado Cerdán, cuando se instaló la certeza de que el próximo informe de la Guardia Civil dejaría al secretario de Organización del PSOE al borde de la imputación.
Según ha publicado El Confidencial, ese mismo mes Díez Castro, un cargo extraoficial de Ferraz en la órbita de Cerdán, se reunió con un empresario detenido por la UCO e investigado en la Audiencia Nacional por un fraude en la venta de combustibles, para intentar encontrar trapos sucios sobre el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, a cargo de la investigación de los casos de Begoña Gómez, Ábalos y el fiscal general del Estado.
Desde las cloacas del PSOE se habría intentado acabar con el «verdugo» y «carcelero» Antonio Balas. Uno de los mandos más laureados y con mayor reconocimiento profesional del cuerpo, que lleva alrededor de quince años destapando los principales escándalos de corrupción que han afectado a partidos políticos de todo signo.
Esta operación sería coherente con otra de las narrativas que se está aventando en las periferias del PSOE contra otro investigador de la UCO, Juan Vicente Bonilla. Se trata de poner en la diana a quien destapó el caso Koldo, recordando que acabó contratado por la Comunidad de Madrid, para deslegitimar el caso en su conjunto haciéndolo aparecer motivado por una vendetta política.
Y es que es la única defensa que le queda al PSOE y a Ábalos en el cada vez más estrecho cerco en los tribunales en el que se encuentran: una campaña de desprestigio de la policía judicial que pueda garantizarles la impunidad. Sabedores de que no van a poder desmontar los múltiples indicios que pesan sobre el núcleo duro del PSOE sanchista, sólo les queda buscar la nulidad del proceso.
Es decir, no ya negar que en el entorno del partido y del Gobierno brotase una trama de corrupción, sino impugnar la forma en la que se investigó la presunta trama.
Pero esto no es más que una nueva cortina de humo. Porque lo relevante no son las aducidas irregularidades del trabajo de la UCO, sino averiguar hasta dónde llegó la corrupción de Ábalos, Koldo y Aldama.