José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
La retransmisión de la vista, garantiza que determinado independentismo con toga no va a engañar a la opinión pública que ya ha absorbido demasiadas mentiras como desveló Trapero
El pasado viernes, el letrado defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, presentó un escrito de queja contra la actuación del presidente del Tribunal, Manuel Marchena. Según este letrado, se está produciendo indefensión y su labor de defensa padece de unas limitaciones indebidas. Este lunes la defensa de los ‘exconsellers’ Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, hacía lo propio y elevaba un escrito similar con el propósito de erosionar al magistrado que, reconocidamente, está conduciendo la vista oral con un acierto pleno.
La cuestión que subyace en la queja es que la testifical de Trapero, de no haber mediado la pregunta de Manuel Marchena para que aclarase los términos de su reunión del 28 de septiembre de 2017 con Puigdemont, Junqueras y Forn, no hubiese desvelado la adhesión de la cúpula policial autonómica a la Constitución (“no acompañábamos la independencia” dijo Trapero en el encuentro), ni revelado que los Mossos disponían de un plan para detener el día 27 de octubre al Gobierno catalán, y que habrían ejecutado de haber recibido orden judicial para ello.
La pregunta debió formularla Javier Ortega Smith, representante de Vox, que incurrió en una grave omisión, y que, como acusación popular, había pedido la testifical de Trapero. Cuando el fiscal reparó en el olvido quiso remediarlo preguntando él por la tal reunión lo que, previa la advertencia del abogado Xavier Melero, el Tribunal impidió por no ceñirse a los aspectos abordados por el testigo a preguntas de Vox. Error también del ministerio fiscal que debió haber llamado a declarar a Trapero y no lo hizo en el momento procesal oportuno.
Pero resultaba crucial para el conocimiento de los hechos que se desvelase por el exmayor de los Mossos el contenido de esa reunión. Y Manuel Marchena, que además de penalista es un prestigioso procesalista, tras deliberar con los demás magistrados, echó mano del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y preguntó él directamente. Ese precepto establece que “el presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren”.
No hay limitación alguna al ejercicio de la defensa, aunque sí incompetencias procesales que debe enmendar, un día sí y otro también, Marchena
¿Por qué la queja del letrado? El magistrado actuó con arreglo a la ley y la respuesta de Trapero –inesperada y ofreciendo una versión hasta entonces desconocida- demuestra que la pregunta del magistrado era adecuada y, sobre todo, necesaria para conocer los hechos que se enjuician. Otra cosa es que lo relatado por Trapero haya caído como un rayo sobre los clientes del letrado discrepante. Porque cundió el desconcierto y queda por saber si la declaración del policía mejora o empeora la situación de los procesados.
El abogado quejoso también lo es porque dice que el presidente restringe la proyección en la sala de enjuiciamiento de las imágenes de las cargas policiales que probarían la violencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, una alegación inconsistente porque esos videos constan en los autos y, sobre todo, resultan conocidos por su reiterada emisión en todas las televisiones.
No hay limitación alguna al ejercicio de la defensa, aunque sí incompetencias procesales, tanto de la acusación como de la defensa que debe enmendar, un día sí y otro también, Manuel Marchena. Acaso lo que se pretenda no es una actividad probatoria verdaderamente necesaria cuanto dilatar el desarrollo de la vista.
La cuestión esencial es si alguno o algunos de los letrados de los procesados pretenden iniciar una suerte de campaña, arropada en falsas argumentaciones jurídicas, para deteriorar la dirección de la vista oral. Tocarle los costados al presidente de la Sala –que ha demostrado sabérselas todas- es una estrategia arriesgada y, quizás, torticera porque podría forman parte de un embate en toda regla contra el proceso. ¿Sería la manifestación separatista del pasado sábado en Madrid una pieza más de ese plan?
Ya se comienza a barruntar que la transparencia de la que goza la vista y la solvencia del presidente, inquietan a los abogados y a sus clientes que siempre han creído que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tienen una oportunidad revocatoria de la sentencia que se dicte. Cada día esa posibilidad es menos verosímil. Y lo saben. Pero en aras a ese propósito tratan de preconstituir supuestas restricciones a los derechos de los procesados –concretamente, a su defensa- dejando constancia de su queja.
¿Van a por Marchena? Es posible. Si lo hacen, lo tendrán difícil. Se estarían enfrentado a un jurista que gusta de la exquisitez en el fondo y en la forma, pero que acostumbra a actuar con determinación y sabe ejercer su autoridad frente a las partes y a los testigos. Por fortuna, la retransmisión sin interrupciones de la vista, garantiza que, en esta ocasión, determinado independentismo con toga no engañará a la opinión pública que ya ha absorbido demasiadas mentiras como se ha encargado de desvelar el exmayor Trapero. Precisamente por la competencia de Marchena que es remedial de otras muy evidentes incompetencias.