Confieso, mi admirado Albert Rivera, una cierta decepción por la pena de Murcia. No por el hecho de que el presidente, Pedro Antonio Sánchez, haya dado el paso atrás que usted le pedía y al que él tanto se ha resistido hasta que el PP le ha obligado. La cosa estaba cantada desde que el juez EloyVelasco se puso a ejercer de Tom Cruise en Minority Report, a combatir el crimen antes de que se produzca. Un juez estrella tenía que terminar en esto, en atajar el delito en su origen, que siempre es el pensamiento, antes de que se materialice en las palabras y los hechos. Es curioso que los sediciosos catalanes hayan llevado su delito a las palabras, a las leyes y a sus presupuestos, sin que nadie les aplique el rigor Velasco.
Me llama la atención, querido Albert, que sus pactos con el PP se rijan por distintas reglas ¡y distintos calendarios! que sus acuerdos con los socialistas. Un suponer, el pacto de investidura que usted firmó con Pedro Sánchez en febrero de 2016 establecía en su capítulo 8: «Proceder al cese de altos cargos cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso». En el que firmó con Mariano Rajoy, seis meses más tarde, Cs exigía la separación de los cargos «que hayan sido imputados formalmente». Otro tanto sucede en los pactos de gobierno firmados por el partido naranja en Madrid, La Rioja, Castilla y León y Andalucía, aunque en Andalucía, como se verá, hay menos prisas, quizá por la calor.
El pasado 21 de febrero, Ciudadanos defendió una proposición de Ley de Lucha contra la Corrupción, que fue aprobada con 337 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. En ella se fijaba «la inhabilitación desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento». Que usted pretenda imponer un acuerdo anterior entre partidos a la ley, a su propia ley, produce un poco de alipori, qué quiere que le diga.
Le voy a poner un ejemplo. En marzo de 2016, el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, fue imputado por prevaricación a causa de una adjudicación irregular en la Universidad de Sevilla cuando era vicerrector. El consejero estuvo imputado dos meses y medio sin que ustedes dijeran ni mú a su socia de Gobierno, Susana Díaz. En esa ocasión acertaron al no tener tanta prisa como en el caso de Murcia. Dos meses y medio después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía archivó la causa. Y sigue como consejero. El alcalde popular de Granada, José Torres, dimitió como imputado en abril del año pasado. El socialista que lo sucedió, Francisco Cuenca, fue imputado seis meses más tarde, en octubre, por encomendar a particulares funciones de inspección que correspondían exclusivamente a los funcionarios, pero a esta hora no hay conocimiento de que hayan pedido su dimisión.
Ha alcanzado usted una victoria política sobre el Partido Popular, el único que podía sacarle del jardín en que se había metido, se ha cargado la presunción de inocencia, la igualdad de los españoles ante la ley y ha mostrado una notable falta de ecuanimidad en su sentido de la Justicia. Para este viaje no necesitábamos regeneración. Ya lo hacían con bastante soltura y sin tanta afectación los partidos de la vieja política.