- Que en el nuevo año se vote. Que se celebren elecciones generales a fin de frenar el vaciado de soberanía, de atributos democráticos y de recursos con el que Sánchez y su banda sangran al país
Que el Tribunal General de la Unión Europea falle a favor de The New York Times y obligue a la Comisión Europea a revelar de una vez por todas los mensajes que nos oculta: esos cuya presidente Úrsula von der Leyen se cruzó en 2021 con el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla. Tales mensajes de texto reflejarían los términos de una negociación absolutamente inadecuada y muy posiblemente ilegal entre Von der Leyen —increíblemente renovada en su cargo— y la empresa farmacéutica, que acto seguido obtuvo un contrato por el que la UE adquiría 1.800 millones de dosis suplementarias de vacunas. (Recordemos que en un reciente informe sobre el COVID-19 del Congreso de los Estados Unidos se recoge que las vacunas «no detuvieron la propagación ni la transmisión del virus» y que las «órdenes de administración no estaban respaldadas por la ciencia y causaron más daño que beneficio»).
Que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, abandone su cargo de grado o por la fuerza. Su permanencia al frente de un órgano encuadrado en el Poder Judicial y encargado de defender la legalidad es incompatible con presuntos actos dirigidos a revelar secretos de un ciudadano o dar órdenes dirigidas a asegurar el ilícito y su ocultamiento, además de darse de bofetadas con la destrucción de pruebas. Mi deseo para el 2025 es doble: primero querría verlo despojado de unos poderes que, dada su lanar obediencia política al presidente del Gobierno y a los intereses del PSOE, lo convierten en un agente de destrucción de la democracia española. También convenga acaso la prisión preventiva, excepcional medida cautelar para evitar (más) manipulaciones o destrucción de pruebas.
Que los procesos contra personas del entorno de Pedro Sánchez, o contra sospechosos de hacer negocios al abrigo de la opacidad y urgencia propios de la pandemia, inicien o sigan su curso sin juego sucio. Entendiendo por juego sucio: una Fiscalía obediente al Ejecutivo y no al principio de legalidad; el impulso deliberado a cualesquiera formas de presión personal contra los jueces, ya procedan de miembros del Gobierno, del grupo parlamentario socialista, de los grupos de sus socios de legislatura o del equipo de opinadores sincronizados y forrados de argumentarios que pueblan los programas televisivos y radiofónicos. La ley debe prevalecer caiga quien caiga, trátese de una alta autoridad del Estado, de un ministro que ha presidido una comunidad autónoma o de un presidente de comunidad autónoma que ha sido ministro.
Que en el nuevo año se vote. Que se celebren elecciones generales a fin de frenar el vaciado de soberanía, de atributos democráticos y de recursos con el que Sánchez y su banda sangran al país para hacer frente a los numerosos e inacabables chantajes que, evidentemente, son incapaces de detener. Este ciclo destructivo debe terminar, provengan los chantajes de los golpistas, de los bilduetarras o de los neocomunistas; provengan de Estados cuyo ascendiente sobre Sánchez es palmario, aunque de raíz desconocida o solo sospechada. Que se difundan las cintas.