Emilio Guevara, EL PAÍS, 2/10/11
El nacionalismo radical vasco está convirtiendo el fin del terrorismo y la derrota inapelable de ETA en un esperpento. Ahora nos enteramos de que, a su instancia y a la de un tal Brian Currin, se ha creado una llamada Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego de ETA. La iniciativa se descalifica por sí sola si tenemos en cuenta tanto la composición de la comisión como la naturaleza de la tarea que supuestamente se le encomienda. De antemano, son los propios comisionados los que afirman «no saber mucho sobre la realidad política vasca», para a continuación asegurar que tienen garantías de que el alto el fuego de ETA lo es sin condiciones y su mantenimiento no depende de lo que hagan las instituciones políticas y judiciales de España y Francia. Entonces, ¿qué clase de verificación es necesaria? ¿Qué verificación pueden desarrollar esos ignorantes de la realidad vasca que no sean capaces de llevar a cabo la Guardia Civil y la Gendarmería francesa? Quizás esos señores no se prestarían a hacer el ridículo si efectivamente supieran algo más de lo que sucede en Euskadi, porque así podrían caer en la cuenta de que esa iniciativa no es sino un intento más de ETA y del nacionalismo radical para ocultar su derrota y para justificar una historia de infamia.
Si cabe hablar de vencedores, lo están siendo el orden constitucional y la propia sociedad vasca
Desde la amnistía de 1977, que dejó las cárceles sin un solo preso de ETA, y la aprobación en 1978 y 1979 de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía, instaurándose de esta forma una democracia completa, en Euskadi no ha existido ninguna guerra o conflicto que permita hablar ahora de paz y de vencedores o vencidos en el sentido que a estas palabras pretende dar el nacionalismo vasco. Desde 1979, en Euskadi no se ha luchado para derribar una dictadura, ni para eliminar un régimen de segregación o discriminación racial, ni para acabar con ningún tipo de colonialismo injusto. Simplemente se ha producido, mediante la acción terrorista, un intento de quebrar la voluntad mayoritaria de los vascos y la propia democracia. Los miembros de ETA no son en modo alguno gudaris del pueblo vasco, sino unos delincuentes sediciosos, unos insurrectos que han desoído la voluntad inequívoca de ese pueblo al que decían defender. ETA se ha revuelto contra la decisión mayoritaria de la ciudadanía vasca de aprobar el Estatuto de Autonomía, que ha generado el mayor nivel de autogobierno de la historia de Euskadi. ETA ha utilizado el asesinato para eliminar al diferente, al que pensaba de modo distinto. ETA ha sido un cáncer para esta sociedad. Al menos desde 1977, su historia es la de un crimen sin sentido e inútil, mal que les pese a sus miembros y a los que les han apoyado y obedecido. Y ninguna iniciativa que pretenda negar o camuflar esta realidad podrá tener éxito.
Si en algún modo cabe hablar en Euskadi de vencedores, estos lo están siendo el orden constitucional y la propia sociedad vasca. Ni ETA ni su entorno han conseguido absolutamente nada de aquello por lo que han venido asesinando. Cuando Sortu presenta sus estatutos y solicita su inscripción como partido, está asumiendo la victoria del Estado de derecho y reconociendo el fracaso de ETA y de Batasuna.
Es cierto que la sedición no ha terminado, porque todavía ETA no ha anunciado su rendición incondicional. Pero lo haga o no, ya nadie puede cambiar el resultado final, que por esa vía, o por la policial y judicial, se va a producir: la derrota total y definitiva de la violencia terrorista, de la insurrección de ETA.
Por eso no entiendo muy bien la necesidad o la oportunidad de entrar a formular y debatir planes de paz o propuestas desde los poderes públicos, porque esto solo beneficia a aquéllos que quieren enturbiar lo que es de una claridad meridiana, les convierte una vez más en el centro del debate, y transmite la idea de un conflicto en el que ambas partes tienen que hacer concesiones y de que solo si ETA decide por ella misma disolverse, la democracia estará a salvo. Pues no. En mi opinión sólo hay que seguir actuando, desde las instituciones, tal y como se viene haciendo desde la política de Aznar, con el paréntesis desafortunado que se produjo en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero. Hablar de paz puede dar la sensación, aún sin pretenderlo, de que aquí hay una guerra, cuando sólo ha existido una insurrección terrorista, esto es, un problema de delincuencia que debe ser tratado penal y penitenciariamente, tal y como se previene en las leyes, sin ningún tipo de excepción o de privilegio, respecto de otros delincuentes.
Como señala Ruiz Soroa, la democracia ya es completa en Euskadi sin la integración de Batasuna, y es el problema de ellos, y no el nuestro, decidir si se integran incondicionalmente o no en el orden democrático. Y, desde luego, una cosa es evidente: esa integración no puede justificar o ser moneda de cambio para que desde las instituciones se establezca cualquier excepción o trato de favor a quienes han pretendido subvertir el orden constitucional, entre otras razones por la fundamental de que todos los asesinados por ETA lo fueron precisamente por defender el Estado de derecho. Este debería ser, a mi juicio, el único mensaje que las instituciones deben transmitir a la sociedad.
Emilio Guevara, EL PAÍS, 2/10/11