La actuación de las fuerzas armadas norteamericanas en territorio venezolano ha supuesto una violación de reglas y principios básicos del Derecho Internacional. EE UU ha utilizado la fuerza y atentado contra la ‘soberanía’ de Venezuela. Desde esta óptica, Washington ha quebrantado la legalidad internacional. Ahora bien, estos quebrantamientos son muy frecuentes y el que nos ocupa no difiere de otros muchos acaecidos anteriormente, por lo que resulta exagerada e infundada la pretensión de atribuirle un significado especial. También Israel violó la soberanía de Argentina para detener al criminal de guerra Adolf Eichman en 1960 y EE UU, la de Pakistán para acabar con el líder terrorista Bin Laden en 2011.

La detención de Maduro se sitúa en esa senda, y es absurdo presentarla como un ‘peligroso precedente’ que Rusia y China podrían alegar para satisfacer sus ambiciones expansionistas. Rusia no necesitó ningún precedente para invadir Ucrania en 2014 y en 2022. Todas esas ‘ilegalidades’ no justifican en modo alguno esta última violación del Derecho Internacional, pero nos obligan a poner de manifiesto su debilidad e insuficiencias. Insuficiencias que determinan que, en ocasiones, la quiebra de la legalidad sí que pueda estar justificada.

Lamentablemente, y por lo visto hasta ahora, no es el caso de la actuación de Trump en Venezuela, pero podría haberlo sido. Si la operación hubiera tenido por objetivo y resultado el restablecimiento de la democracia en Venezuela carecería de sentido condenarla por atentar contra la soberanía del país. Como lúcidamente advirtió Corina Machado al recibir el Nobel de la Paz, Venezuela está invadida ya por fuerzas y agentes de Cuba, Rusia, China e Irán. Con esos apoyos, el chavismo perpetró un formidable fraude electoral e impidió el traspaso del poder a Edmundo González, que ganó por amplísima mayoría (67% de los votos) las elecciones de 2024. El fraude vino acompañado de un incremento de la represión, las detenciones y las torturas. Baste recordar que ocho millones de personas (más del 20% de la población) han abandonado un país sumido en la corrupción sistémica y la violación continua de los derechos humanos.

En este contexto, muchos celebramos la detención del criminal dictador venezolano, para sufrir poco después una terrible decepción. El objetivo de EE UU no ha sido devolver la soberanía al pueblo de Venezuela sino asegurarse el control del suministro de petróleo. En sus lamentables declaraciones para explicar lo ocurrido, el presidente Trump aludió más de veinte veces al petróleo y ninguna a la democracia. En definitiva, la detención de Maduro no ha traído la democracia a Venezuela, sino que ha supuesto un mero relevo en la cúspide de un régimen criminal cuyas estructuras permanecen intactas.

Es cierto que, tras el desastre que supuso la invasión de Irak, la prudencia más elemental aconseje a EE UU no poner en cuestión la estabilidad de Venezuela. Pero la estabilidad no puede confundirse con el desprecio a las fuerzas de oposición que ganaron las elecciones y la complicidad con los elementos más siniestros de la dictadura.

En este escenario, lo prioritario y relevante no es denunciar que Washington ha violado el Derecho Internacional sino reclamar una transición rápida hacia el restablecimiento de la democracia en Venezuela, como hizo desde el primer día el presidente Macron en Francia, o el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo en España. Si finalmente el pueblo venezolano recuperase la libertad y la democracia, la actuación norteamericana podría acabar mereciendo una valoración positiva también desde un punto de vista jurídico. Esto no supone asumir acríticamente que el fin justifique los medios. Al contrario, es preciso subrayar -como hizo el Rey en la Pascua Militar- que el respeto a las normas internacionales es esencial porque fuera del Derecho no hay libertad posible. La valoración jurídica positiva vendría impuesta por el hecho de que la intervención que inicialmente pudo interpretarse como una violación (ilegal) de la soberanía del país habría finalmente supuesto la devolución de dicha soberanía al pueblo de Venezuela.

Lamentablemente, la complicidad entre la Administración Trump y el Gobierno dictatorial de Venezuela no permite aventurar ese juicio futuro positivo. EE UU ha violado el Derecho Internacional utilizando la fuerza para reemplazar a un dictador por otro que les garantice el control de los recursos naturales del país. Su actuación no ha servido para el restablecimiento de la legitimidad democrática.