La respuesta española a la situación venezolana revela la dificultad que entraña anhelar que las libertades se abran paso plenamente en otro lugar mientras se teme que los empeños resulten baldíos y hasta contraproducentes. La prudencia institucional es siempre aconsejable, e imprescindible manejarse en esos términos a muchos kilómetros de otras realidades, pero no debe confundirse con una deliberada tibieza. La constatación de que el chavismo trata de perpetuarse mediante un sistema autocrático que lleva más de dos décadas negando la división de poderes, cercenando el derecho de sufragio pasivo y sometiendo a una persecución despiadada a los discrepantes es un clamor internacional. Pero, además, está vivamente presente entre nosotros por el testimonio de los 400.000 venezolanos que no han podido o no han querido soportar lo que sin duda es una dictadura y hoy están aquí.

No es casual que el PNV y Coalición Canaria apoyasen el miércoles en el Congreso la iniciativa del PP. Aunque haya formaciones parlamentarias comprensivas e incluso directamente alineadas con el propósito neocomunista de unir chavismo y castrismo como la gran esperanza para quienes no viven ni en nuestras condiciones de bienestar ni con nuestras libertades. Una doctrina que, en nombre de la autodeterminación de los pueblos, rechaza la obsesión presuntamente imperialista de siquiera exigir elecciones libres y la verificación de las actas en Venezuela, junto a esa variante intelectualizada que prefiere interpelar a la oposición en ese país sugiriendo que quizás el problema resida en su incapacidad para echar abajo el régimen heredado y caricaturizado por Maduro.