La mejor demostración de que el chavismo es hoy un régimen escasamente democrático es su sistemático pisoteo de los derechos humanos y el indisimulado uso de la Justicia al servicio del Gobierno. Todo lo que rodea el caso de López es una burda farsa que habría de hacer reaccionar de una vez a la comunidad internacional, en especial a las organizaciones del continente americano a las que pertenece Caracas.
En su día, el juicio en el que el opositor fue condenado a más de 13 años de cárcel por supuesta inducción a la violencia durante una manifestación antichavista, estuvo plagado de irregularidades que en cualquier Estado de Derecho hubieran derivado en la nulidad del proceso. Sin ir más lejos, el fiscal del caso huyó el pasado octubre de Venezuela y declaró que todas las pruebas presentadas en el tribunal se habían falsificado. Y EL MUNDO entrevistaba días atrás a la testigo principal de la causa, quien fue tajante al declarar que «la juez manipuló su declaración». La defensa de López –respaldada estos últimos meses por dirigentes internacionales como el ex presidente Felipe González y el ex ministro Gallardón– ha intentado desmontar la patraña ante un tribunal de apelación. Pero dado que la separación de poderes es inexistente en Venezuela, poco cabía confiar en este trámite, de nuevo plagado de irregularidades como la de impedir el cotejo de pruebas y la declaración de testigos. Además, López y su familia han sufrido el brutal maltrato que ha supuesto suspender o aplazar continuamente las vistas con las argucias más peregrinas.
Al final, la Corte de Apelación le ha hecho el trabajo sucio al régimen de Maduro y se ha limitado a ratificar la condena a López. Las opciones de defensa pasan ahora por llevar la causa a organismos supranacionales, incluida la ONU. Porque dentro del país está claro que el chavismo no va a rebajar un ápice su durísima represión contra la disidencia, teniendo en el encarcelamiento de dirigentes de la oposición la más eficaz y obscena de las herramientas.
Por si fuera poco, la situación económica del país caribeño es dramática. En su última portada, el semanario Time titula tajantemente: «Venezuela se está muriendo: el colapso en cámara lenta de un país». No es exageración. La gestión económica del Gobierno de Maduro está llevando a la bancarrota a una nación con las mayores reservas probadas de petróleo de todo el mundo y una extraordinaria riqueza de muchos otros recursos naturales. Es cierto que las cosas se empezaron a torcer con su antecesor, Hugo Chávez, quien esquilmó las arcas del Estado con una política populista y la creación de una gigantesca red clientelar a través de la ilimitada aprobación de subsidios. Era una época de vacas gordas en la que el precio mundial del crudo estaba por las nubes y Caracas tenía cierto margen de maniobra hasta para despilfarrar. Pero los graves problemas estructurales de la economía venezolana, las recetas fallidas del chavismo y la estrepitosa caída del precio del barril de petróleo, ya con Maduro en el poder, han hecho saltar todas las costuras por los aires.
Más de cuatro millones de venezolanos se encuentran bajo la pobreza extrema. La inflación acumulada en lo que va de año llega al 274% y la interanual al 576,5% –el FMI teme que supere los 700 puntos cuando acabe 2016–. Las cifras muestran lo absolutamente descontrolada que está la situación. El desabastecimiento y la falta de productos de primera necesidad es la tónica general en los centros comerciales, donde cada día los ciudadanos están hartos de hacer colas de varias horas. Como hoy publicamos en Crónica, un kilo de plátanos cuesta el equivalente a un día de trabajo, y una caja de cervezas, a una semana de salario mínimo.
Venezuela es más que un Estado fallido; es un país invivible. No extraña así que, en cuanto el viernes se abrió la frontera con Colombia, miles de venezolanos pasaron al otro lado para adquirir alimentos y medicinas agotadas en su país desde hace meses. Y ante esta realidad, sólo cabe preguntarse qué celebrará Maduro con Castro.