Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
- La idea de que los empresarios eleven los salarios de los jóvenes parece una buena solución, pero habría que recordar que los beneficios han caído un 23,6% desde la pandemia
El pasado domingo tuve la infeliz ocurrencia de citar un documento elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que es el reducto donde pastan y la fuente en la que abrevan los escasos restos del pensamiento liberal que todavía anidan en el país. Inmediatamente, se abrieron los cielos y me cayó encima la dana de Valencia en versión local. Las críticas fueron generalizadas.
Lamentablemente, nadie cuestionó la veracidad de los datos, pero todos se cebaron con la fuente elegida. Lo que allí se decía no se cuestionó –al parecer eso daba igual–, pero algo dicho por una caterva de liberales no podía ser cierto o, peor aún, no merecía ser cierto y, si lo era –cosa que nadie desmintió…–, pues peor para ellos. ¡Que lo hubiesen pensado antes! Entre los haters disidentes había de todo. Algunos, amables, me felicitaron por mi recuperación, a pesar de la evidencia de que los largos meses de convalecencia habían serenado mi atribulado espíritu, pero no ordenado mi trasnochada mente liberal.
Pero quería hoy fijarme en otros varios que aportaban la solución a la mayoría de los males que nos aquejan. Proponían que los empresarios aumentasen los salarios de los jóvenes. En efecto, aunque yo desconfíe por sistema de toda aquella solución que no implique el mínimo esfuerzo para quien la propone y lo deposite en la cabeza de otros grupos sociales, ya sean estos empresariales, sindicales, profesionales, etc., he de reconocer que la idea tiene al menos la apariencia de ser correcta y acertada. Podrían comprar pisos, emanciparse de sus padres, llevar una vida digna… Pero, si es tan buena, ¿por qué no se aplica? ¿Será culpa de la maldad innata de los empresarios, de demasiados años de dieta con exceso de carbohidratos o de las muchas horas de genuflexión de las misas dominicales en los colegios de pago?
Veamos lo que dicen ellos. A riesgo de incurrir en el mismo error del domingo pasado, acudo a los datos proporcionados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), un reconocido gabinete de estudios al que su vinculación de origen con la patronal quizás implique un pecado de improbable olvido e imposible redención. Lo intento, con poco ánimo y mínima esperanza, pero lo intento. El IEE elabora un ‘Índice de Libertad Económica’ que coloca a nuestro país en el puesto 31 de los 38 miembros de la OCDE. Se supone que los países que disfrutan (es un decir) de mayor libertad canalizan mejor sus recursos, atraen inversión, elevan su productividad (¿les suena?) y, en general, ofrecen empleo de calidad. Nuestros fallos consisten en que tenemos un déficit estructural elevado, una deuda pública alta, y una presión fiscal que impacta negativamente en empresas y familias. Un cuadro general que limita el margen para bajar impuestos y desincentiva la inversión privada.
Hay otro ranking, llamado de facilidad inversora, en el que ocupamos el puesto 20 de 38 economías avanzadas. Ahí estamos penalizados por unas mayores restricciones regulatorias y una menor seguridad jurídica, lo que mantiene la inversión empresarial por debajo del promedio de la UE, cuando debería superarlo para rellenar el hueco de la convergencia en el PIB per cápita. Como resultado, la inversión extranjera en España ha pasado de los 21.407 millones de euros hasta junio de 2024 a los 8.476, un año después.
¿Pero no ganan mucho? Depende… El beneficio neto de las empresas cayó un 23,5% desde la pandemia hasta hoy y en las últimas tres décadas ha bajado en media anual acumulativa un 2,63%, mezclando grandes y pequeñas. ¿Le parece mucho? Es menos que en Europa, pero, ¿por qué no se anima y les imita? Por cierto, los datos los ha elaborado el Colegio de Gestores Administrativos. No sé si pasará el corte inquisidor…
Esta es la visión , la opinión y la petición empresarial. ¿Justifica esta situación la poca altura de los salarios y el escaso nivel de la inversión privada? Supongo que la conclusión está de antemano acordada y la sentencia previamente redactada. El culpable es, como ya se sabía, el empresario, que está obligado a superar estas nimiedades si pretende seguir ejerciendo su actividad.
Una última cuestión. ¿Me agradece que hoy no le haya molestado con la insólita, extravagante, vergonzosa, inconstitucional, aberrante, inconcebible, impensable e increíble actitud del Gobierno con los presupuestos no presentados, ni aprobados en este año, ni en toda la Legislatura? Pero, ¿de qué se quejan los señores diputados, si cuando les piden su voto no lo dan afirmativo… ¿Para que lo quieren?