Alberto Ayala-El Correo
Urkullu se hace un flaco favor al forzar a la oposición a tumbar tres subidas o aprobarlas aunque discrepen de una
No sé si los asesores de Urkullu empiezan a necesitar una larga temporada de vacaciones para volver a pisar la calle y captar qué se respira lejos de las moquetas del poder. O si nuestro lehendakari empieza a verse afectado por una suerte de ‘síndrome de Ajuria Enea’ similar a aquel de La Moncloa que tantos estragos provocó en no pocos jefes de gobierno españoles.
No entiendo si no que nuestro ponderado presidente haya decidido deslizarse innecesariamente por la pendiente del ventajismo político y pretenda forzar a los partidos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP) a elegir entre perjudicar a decenas de miles de vascos de tres colectivos o tragarse el sapo de traicionar sus principios ideológicos respecto a uno de ellos para no dañar a los otros dos grupos.
Ayer les advertía en esta columna de la que se avecinaba de no mediar una rectificación gubernamental de última hora. No llegó y el Consejo de Gobierno vasco aprobó el proyecto de Ley de Medidas Presupuestarias Urgentes para este año por un importe total cercano a los 250 millones de euros.
La norma intenta paliar algunos de los problemas derivados de la incapacidad del propio Gobierno Urkullu para encontrar apoyos con los que sacar adelante las Cuentas de 2019. En concreto, busca salvar la subida salarial del 2,25% a los funcionarios, elevar en idéntico porcentaje los convenios con los centros concertados, lo que permitirá subir los salarios a su profesorado, e incrementar en un 3,5% las prestaciones de la RGI, excepto las pensiones más bajas, que subirían un 4,5%.
¿El lehendakari no se da cuenta que precisa de la oposición en cada votación enel Parlamento vasco?
¿El problema? Que el Ejecutivo Urkullu pretende que el Parlamento de Vitoria apruebe el paquete completo en votación única y sin posibilidad de enmendar su contenido. Ello pese a saber que las dos formaciones de izquierdas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, no ven con buenos ojos el incremento de los conciertos con la privada, mientras que sí respaldan las otras dos medidas. El PP se opone al incremento de la RGI y está de acuerdo con los otros dos.
La solución al problema es tan sencilla como democrática: permitir que cada medida se vote por separado. No hay ningún riesgo de que alguna no prospere y cada partido votaría en conciencia.
Pero no. El Gobierno vasco, en una exhibición de prepotencia, molesto porque la oposición le tumbó los Presupuestos, quiere pasar factura y obligar a abertzales, podemitas y populares a tragarse el sapo y votar a favor de una medida con la que no están de acuerdo o cargarse el paquete completo y arriesgarse así a enfadar seriamente a decenas de miles de ciudadanos… a tres meses de las elecciones municipales y forales del 26 de mayo.
Resulta lamentable el comportamiento del Gobierno. Esto no es hacer política. Es politiquería ramplona.
En lugar de insistir en tamaña muestra de infantilismo, nuestro lehendakari haría bien en no olvidar que su Gabinete está en minoría parlamentaria y que no sacará absolutamente nada adelante sin apoyos de la oposición.