ABC-LUIS VENTOSO
El Supremo y Sánchez se han contaminado de la mentalidad demagógica y tuitera imperante
RESUMIENDO mucho. A comienzos de los noventa, el Gobierno socialista de González regula el impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas. Durante veinte años todo está claro: paga el cliente y no hay partido que haga bandera programática del asunto. Pero en 2018 los magistrados del Supremo, que también ven la televisión al rojo vivo y no son ajenos a la mentalidad demagógica, tuitera y de odio a la banca que impera en el país, se ponen estupendos y justicieros. Así que el 18 de octubre rompen con dos décadas de jurisprudencia y sin razonarlo establecen a bote pronto que deben pagar el impuesto los bancos, y no sus clientes. Es una decisión tomada por una sala que quiso hacerle la cama a su presidente, Picazo (y de hecho se la hizo). ¿Y por qué? Pues porque nuestra Justicia está terriblemente politizada y el tal Picazo había sido puesto ahí por dedazo de Lesmes, el presidente conservador del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, personaje que adora los focos y los manejos arbitrarios.
La decisión del 18 de octubre es muy chapucera, ni siquiera establece de qué período se habla, si hay retroactividad o no. Pero logra algo: ese día los bancos españoles se desploman en Bolsa y pierden 5.000 millones ¡Qué lindo el populismo! Además en la Administración cunde el temor de tener que asumir las devoluciones del impuesto, lo que supondría una carga gravosísima para las arcas públicas. Es ya evidente que la sentencia ha sido un disparate de graves consecuencias. ¿Y qué hace entonces Lesmes? Pues arreglar una chapuza con otra. A las 24 horas el Supremo anuncia que revisará la sentencia irrevisable, con lo que empaña su prestigio en un momento en que ese Tribunal es nuestro dique principal contra el golpismo catalán. Por último, en la noche del martes, los magistrados acuerdan por una mayoría pírrica que «donde dije digo, digo Diego»: pagan otra vez los clientes.
Podemos anuncia «movilizaciones» (aunque en Aragón disparó ese impuesto un 50% a costa del contribuyente). La tele al rojo vivo crepita. La izquierda se estremece ante el hecho de que deban pagar los clientes, tal y como ha sucedido durante dos décadas sin que dijese ni pío. Estamos en la España tuitera. ¡Qué pague la banca!, pues aquí nadie recuerda que seis millones de españoles son accionistas de las entidades, o que sin bancos es imposible que respire una economía de mercado. Sánchez, demagogo mayor del Reino, ve entonces su momentazo: rueda de prensa en La Moncloa con anuncio de un decretazo inmediato para que se fastidien los diabólicos bancos. ¡Ole! Sánchez explica que lo hace para «defender la seguridad jurídica» y que respeta la independencia del poder judicial. Lo cual equivale a llamarnos imbéciles, pues nada daña más la seguridad jurídica que un presidente del Gobierno poniendo a parir al máximo tribunal del país y contradiciéndolo vía decreto exprés. Además, los bancos nos repercutirán la medida ya.
Y así discurren los días en España. Un país que como decimos en mi tierra tiene toda la pinta de que se está yendo «al carallo», ahíto de frivolidad populista, demagogia televisiva e internetera y revanchismo contra el capital y el esfuerzo.