Todo indica que el próximo 24 de junio la mayoría izquierdista, al servicio acrítico de Pedro Sánchez y nombrada ad hoc para atender sus instrucciones, dará luz verde a la Ley de Amnistía, el obsceno engendro inconstitucional con el que, básicamente, el líder socialista se compró una Presidencia que le habían negado las urnas.

La ponente del adefesio que tutela Cándido Conde-Pumpido, una especie de Tezanos que hace en el Constitucional lo mismo que el militante socialista en el CIS, es Inmaculada Montalbán, conocida por su cercanía al PSOE andaluz, su participación decisiva en la bochornosa anulación de la práctica totalidad de la sentencia de los ERE y premiada en el pasado con la Medalla de Andalucía por el propio José Antonio Griñán.

A ella se le suman otros magistrados salidos directamente de la Moncloa, del Consejo de Ministros o del entorno del PSOE; en una prueba incuestionable del vicio de origen y de la misión encomendada: blanquear todos los abusos que Sánchez necesita cometer para mantenerse al frente de un Gobierno perfectamente legal, pero ilegítimo por la naturaleza de sus pactos, meras extorsiones, y el precio a abonar a cambio, intolerable.

La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales, lo que en sí mismo ya descarta las amnistías, de mayor enjundia y peores consecuencias, porque no solo declaran inocentes a los responsables de los peores delitos, sino que además señalan como culpable al Estado de derecho por haberlos condenado.

Los cambalaches de Sánchez son también corrupción, y de la peor especie, pues intercambian algo peor que el habitual dinero existente en los casos más sonados: aquí el maletín de uno lleva la disolución de la ley, del principio de igualdad ante ella y la impunidad futura. Y el del otro, anular la decisión en las urnas de los ciudadanos y sustituirla por el arrendamiento de un poder que debe ganarse con votos o acuerdos parlamentarios ajenos al abono de un perenne impuesto revolucionario.

Que la resolución del Tribunal Constitucional ponga pegas a algunos asuntos menores, como su fecha de aplicación o lo relativo al dinero malgastado en el «procés» y señalado por el Tribunal de Cuentas, no debe distraer la atención sobre lo sustantivo: se trata de un apaño intolerable que premia a los promotores de un golpe de Estado y los anima a cometerlo de nuevo, con más facilidades por el precedente, cuando en la Moncloa no esté un rehén de sus caprichos.

Tampoco debe confundir que no se vaya a entrar en si la amnistía incluye los delitos de malversación, perseguidos en Europa, cuya anulación es indispensable para que Puigdemont pueda volver a España: el Constitucional funciona por entregas y ahora se dedica a amarrar una parte de la impunidad otorgada por Sánchez a sus acreedores políticos.

Por último, el relato de que gracias a todo esto se ha pacificado Cataluña, es especialmente falso e hiriente: lo que se ha concedido es la autoridad del separatismo para que, cuando lo considere oportuno, recrudecer su desafío a España, con un cargamento de argumentos de legalidad y legitimidad concedidos por un presidente irresponsable que va a dejar una bomba de relojería programada por su codicia y ambición.

La historia de Sánchez se escribe, en fin, con una retahíla de concesiones, corruptelas, episodios de guerra sucia y ataques al Estado de derecho que, al ponerlas en secuencia, le sitúan al margen de la ley y, al mismo tiempo, reinventándose una nueva legislación que camufle sus perversiones. Señalar, denunciar y revocar eso es la primera tarea que España debe hacer, desde ya, para restituir su honor y su estabilidad constitucional.