La pasada semana, Feijóo alcanzó un hito inédito en la reciente política española: logró sorprender a Sánchez con su propuesta sobre la mediación europea en la renovación del Poder Judicial. La sorpresa fue objetiva: en la propia Moncloa admiten sin tapujos que no la esperaban, y en ese sentido el líder del PP tiene cierto derecho a blasonar de su maniobra táctica. Cosa distinta es que el simple hecho de que el jefe de la oposición consiga hacer una finta al del Gobierno pueda o deba considerarse por sí mismo un éxito. Lo será o no en virtud de sus efectos, y en principio está fuera de duda que más allá del impacto inicial se trata de una operación de riesgo en la que el propio proponente puede pillarse los dedos. No sólo porque muchos de sus votantes no alcancen a entender el movimiento sino porque el presidente es un experto en manejar a su conveniencia las reglas de juego. Y los reflejos con que respondió al envite sugieren que, pasada la primera sensación de perplejidad, vio el cielo abierto.

¿Un verificador internacional? Sí, gracias. De repente, el Ejecutivo sanchista se encontró con la coartada que mejor le viene para blanquear sus reuniones con Puigdemont fuera de España. Claro que no es lo mismo una componenda secreta, con un relator de pitiminí para dar apariencia solemne a la farsa, que la supervisión oficial de un representante de la UE en una negociación parlamentaria, pero de la equiparación a brocha gruesa se encarga con demostrada eficacia el aparato gubernamental de propaganda. Y en ese ámbito de la narrativa política la derecha se encuentra sin remedio en inferioridad manifiesta, como demuestra la evidencia de que ni siquiera haya sabido explicar bien su oferta mientras el equipo mediático de guardia se apresuraba a destacar el paralelismo con el tejemaneje de Ginebra. Primer ‘round’ desperdiciado con la habitual torpeza de los populares a la hora de argumentar sus ideas.

Ahora sólo les queda un camino, y es el del respaldo comunitario a su proyecto de reforzar la autonomía de la justicia alejando sus órganos de gobierno de la injerencia política. Sea mediante un cambio de procedimiento electivo o a través de una renovación transparente y limpia que lleve al CGPJ a profesionales de independencia incontrovertida. Cualquier otro resultado –no digamos la acostumbrada cooptación por el método del reparto matemático– constituirá un fracaso que desactivará el último contrapeso democrático que por ahora permanece (semi)intacto ante los intentos indisimulados de tomarlo al asalto. Es obvio que la cúpula de los jueces, y los nombramientos en los altos tribunales que de ella dependen, no pueden permanecen más tiempo bloqueados. Pero más vale que Feijóo pise sobre seguro al dar ese paso. Porque se trata de un mecanismo institucional demasiado delicado para repararlo en falso. Y porque no queda margen para otro engaño.