EL MUNDO 14/12/12
PSOE y UPyD impiden a los ‘abertzales’ firmar la demanda de inconstitucionalidad
El portavoz parlamentario de CiU, Duran Lleida, conversa ayer en el Congreso con su homóloga socialista, Soraya Rodríguez, y con Alfredo Pérez Rubalcaba. / PACO TOLEDO
En el fondo hay acuerdo, pero en las formas sólo hay división. Todos los grupos de la oposición rechazan de plano el decreto del Gobierno de no revalorización de las pensiones; sin embargo, a la hora de plasmar este consenso negro sobre blanco, en un recurso de inconstitucionalidad, han surgido los problemas.
PSOE y UPyD dieron al traste ayer con la primera posición conjunta de la democracia de todas las fuerzas parlamentarias de oposición ante el Tribunal Constitucional al negarse a permitir que los diputados de Amaiur se sumaran al pacto. Habrá, no obstante, recurso ante el TC contra el decreto de no revalorización de las pensiones, pero a pie de página no estarán todas las firmas.
La semilla del veto a Amaiur la puso UPyD, una formación que ya advirtió el miércoles por la noche a los promotores del recurso -el PSOE- que ellos no suscribirían documento alguno que fuera firmado por los diputados abertzales.
La negativa de la formación que encabeza Rosa Díez empujó a los socialistas a revisar su propuesta: promocionarían el recurso contra el decreto del Gobierno pero tampoco ellos aceptarían en el grupo de firmantes a Amaiur.
Fuentes del PSOE admitían su desacuerdo con esta decisión de Alfredo Pérez Rubalcaba, pero la explicaban señalando que se vieron forzados a elegir entre la firma de UPyD y la de Amaiur.
El veto impuesto a los abertzales estalló al término del debate sobre el decreto, que finalmente fue aprobado con los votos exclusivos del PP. Ni siquiera los dos diputados de UPN y Foro Asturias, que habitualmente apoyan al partido gubernamental, aceptaron esta vez darle abiertamente su conformidad y optaron por la abstención.
A la vista de la exclusión que PSOE y UPyD hacían de Amaiur, los diputados de ERC anunciaron que ellos tampoco suscribirían el recurso ante el TC, pese a estar plenamente de acuerdo con el mismo.
Y es que, en esta ocasión, toda la oposición rechaza la decisión de último minuto del Ejecutivo de no revalorizar las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo. Todos acusan al Gobierno de haber «mentido a sabiendas» y de manera «torticera» a los pensionistas por el hecho, como recalcaron Rosa Díez y Rubalcaba, de que había procesos electorales en liza.
Todos también creen que el Ejecutivo vulnera la Carta Magna porque, argumentan, con su decreto no hace sino aplicar retroactivamente una ley que anula el derecho adquirido por los jubilados desde el 1 de enero de 2012 a la revalorización de su paga. «Nunca antes había sucedido esto», afirmó el líder del PSOE.
Por el contrario, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que ayer hubo de hacer frente a un durísimo debate parlamentario, defendió que la no actualización de las pensiones es una decisión «sensata» que no se podía «ni evitar, ni aplazar» porque lo «fundamental» es reducir el déficit público.
Sus argumentos fueron rechazados por todos. CiU recalcó que la decisión del Ejecutivo «incumple el Pacto de Toledo en el fondo y en la forma» y advirtió de que en el último Consejo de Ministros del año habrá nuevas sorpresas en relación con las pensiones. Igualmente, La Izquierda Plural sospecha nuevas «fechorías» con las jubilaciones anticipadas. Para UPyD, la decisión de no revalorización tomada por el Gobierno es «injusta» además de inconstitucional, y lo mismo opina el PNV.
Por el contrario, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, afirmó que el decreto es «jurídicamente sólido» y, además, positivo, porque hace posible que «suban las pensiones» aunque no en la cuantía del IPC.