Si los ingresos por habitante de Cataluña crecen tanto como han dicho sus negociadores, habrán alcanzado el objetivo de llevar a su comunidad a las puertas del paraíso foral sin asumir en exclusiva la responsabilidad recaudatoria. Algo especialmente arduo en periodos de crisis: las diputaciones vascas recaudarán este año un 20% menos que en 2008.
Se ha dado por supuesto que la expresión oasis catalán, resucitada con intenciones sarcásticas tras los escándalos de corrupción recientemente aflorados en esa comunidad, procede de los años de la República. Sin embargo, como recordó en este periódico Antonio Elorza, el origen de la metáfora del oasis es muy anterior, y nació en referencia al País Vasco. La usó el periodista conservador Juan Mañé y Flaquer, director del Diario de Barcelona, en un libro publicado entre 1878 y 1880 titulado El Oasis: Viaje al País de los Fueros. Lo escribió tras una visita a las Vascongadas y Navarra poco después del fin de la segunda guerra carlista, cuando se discutía sobre la definitiva abolición de los Fueros, a lo que el periodista catalán se oponía fervientemente.
En Ideologías del nacionalismo vasco, aparecido en 1978, Elorza había citado ya la obra de Mañé como fuente del estereotipo que presenta a los fueros como residuo admirable del Antiguo Régimen que el liberalismo estaría «a punto de arruinar, borrando al mismo tiempo la singularidad política de los territorios forales». La visión de esas tierras como oasis que resiste a los males de la modernidad es, a su vez, uno de los puntos de apoyo de la teoría de Jon Juaristi (en El linaje de Aitor) sobre Vasconia como «utopía de la España conservadora»: la prueba viviente de que su ideario político de religión, orden y cultura ruralista es realizable. Esa imagen idealizada sería tomada por los fueristas y más tarde por los nacionalistas vascos como confirmación exterior de sus ideales.
Existe por tanto un deslizamiento desde la admiración por el oasis vasco por parte del conservadurismo catalán del XIX, hasta la atribución a Cataluña de esa condición de excepción respecto a una España frívola y corrompida. Pero el único aspecto del regimen foral que suscitará el interés del nacionalismo catalán será el Concierto, en relación a la polémica sobre las balanzas fiscales. En el debate constitucional no hubo reclamación catalana de autonomía fiscal; según ha dicho siempre el PNV, porque por entonces (segunda mitad de los setenta, en plena crisis económica) a los nacionalistas catalanes les parecía muy arriesgado (e impopular) asumir la responsabilidad de recaudar los impuestos.
Más tarde, a la vista del rendimiento que los vascos sacaban al sistema, el asunto del Concierto fue incorporado a la argumentación catalanista, pero más bien en términos de agravio comparativo. En un ponderado artículo sobre las Haciendas autonómicas publicado en 1989 en un libro colectivo (Pasado, presente y futuro de las Comunidades Autónomas. Instituto de Estudios Económicos. Madrid), Antoni Castells, el hoy consejero de Economía del Gobierno catalán, consideraba «deseable que la forma de aplicación del sistema de Conciertos -y especialmente la determinación del cupo- se hiciera de tal forma que diera un resultado equivalente al que se obtendría aplicando el régimen común». Es decir, se proponía la equiparación mediante el recorte de la ventaja comparativa que suponía para País Vasco y Navarra su sistema peculiar, tal como se estaba aplicando: sin incluir en el cupo contribución alguna a los mecanismos de solidaridad interterritorial.
Pero en el Pacto de Gobierno que suscriben PSC, ERC e ICV a fines de 2003, en vísperas de la constitución del Tripartito presidido por Maragall, la perspectiva se invierte: «los ingresos por habitante de Cataluña tenderán a equipararse progresivamente con los obtenidos por aplicación de los sistemas de Concierto y Convenio vigentes en las comunidades forales». Lo que ahora se propone es la extensión a Cataluña de la situación ventajosa de Vascongadas y Navarra.
Esa aspiración se intentó llevar al nuevo Estatuto a través de una minuciosa normativa que incluye límites a la aportación a los fondos de solidaridad y nivelación. Normativa que debería plasmarse a su vez en el nuevo sistema de financiación autonómica. El acuerdo sobre tal cuestión alcanzado en julio, tras dos años de negociaciones, se vota hoy en el Congreso. A fines de octubre, en la votación sobre las enmiendas de totalidad, partidos como el BNG o UPyD impugnaron la reforma por considerar que el nuevo reparto favorecía a Cataluña; pero también CiU mantuvo su oposición con el argumento de que incumplía el Estatuto.
Ya se verá cuando se conozcan las cifras, pero si los ingresos por habitante de Cataluña crecen tanto como han dicho sus negociadores, habrán alcanzado el objetivo de llevar a su comunidad a las puertas del paraíso foral sin asumir en exclusiva la responsabilidad recaudatoria. Algo especialmente arduo en periodos de crisis: las diputaciones vascas recaudarán este año un 20% menos que en 2008.
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 12/11/2009