EL CORREO 6/06/13
Algunos colectivos de afectados estudian acudir a la Cámara baja el próximo 27 de junio, pero quedarse a las puertas a modo de protesta
El homenaje a las víctimas del terrorismo que rinde cada año el Congreso de los Diputados volverá a estar marcado por las ausencias. Colectivos de damnificados de diferentes comunidades autónomas barajan realizar de nuevo un boicot en toda regla al acto, en protesta por la política penitenciaria del Gobierno central, así como por el retraso que acumula el reglamento de la ley estatal de víctimas. Las asociaciones, que siempre han sido invitadas a acudir a la Cámara baja con motivo de la efeméride que se celebra el 27 de junio, estudian la posibilidad de viajar a Madrid –las que no tienen sede en la capital– y plantarse en la puerta del Congreso, sin llegar a acceder a su interior.
Las asociaciones quieren escenificar su rechazo a la política penitenciaria y al retraso en la ley estatal
No es la primera vez que los colectivos de afectados por la lacra del terrorismo, aunque no todos, aprovechan el homenaje de la Cámara baja para escenificar su profundo malestar hacia el Ejecutivo y, por extensión, hacia la clase política. La sucesiva legalización de las marcas de la izquierda abertzale abrió un frente entre el Gobierno y buena parte de las asociaciones de víctimas. Prueba de ello es que hace dos años, con la irrupción de Bildu en las instituciones vascas y navarras más que reciente –las elecciones fueron el 22 de mayo–, una decena de agrupaciones declinaron la invitación del Congreso. Entre las que optaron por no acudir a la cita figuraban la AVT, Covite yo la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La protesta, que se debió tanto a la legalización de la coalición abertzale como a la negativa de la institución a que tomaran la palabra las víctimas en un acto tan señalado, se repitió el pasado año. Entonces, los diez diputados y senadores de Amaiur evitaron el homenaje del Congreso. Optaron por acudir a la Casa de Juntas de Gernika para recordar, en una convocatoria propia, a «todas las víctimas fruto de las conculcación de derechos básicos». La duda residirá ahora en conocer si en esta ocasión se decantarán o no por asistir a la cita de la Cámara baja y si, de hacerlo, quienes ocupen sus escaños pertenecerán a la órbita de la antigua Batasuna o, por contra, la representación de la coalición recaerá –como suele ser habitual– en sus socios de EA, Aralar y Alternatiba.
«Tomadura de pelo»
El malestar de los colectivos de víctimas viene de lejos, si bien los últimos pasos dados por el Gobierno de Rajoy han provocado que los recelos sean mayores. A la excarcelación por enfermedad del recluso etarra Uribetxebarria Bolinaga se une el reciente permiso –posteriormente alargado– a Valentín Lasarte, preso que forma parte de la llamada ‘vía Nanclares’. Decisiones estas últimas que han sentado como verdaderos jarros de agua fría entre la mayoría de las asociaciones de afectados, y a las que hay que sumar también el acuciante retraso que acumula la ley estatal de víctimas.
El Pleno del Senado refrendó en septiembre de 2011 la nueva normativa, gracias al acuerdo alcanzado entre el PSOE y PP, pero más de año y medio después el Ejecutivo central no ha presentado todavía el reglamento que permitirá aplicarla en su totalidad –debía de haber estado listo en un plazo de seis meses–. Es decir, hacer práctica una ley que hasta ahora es una declaración de buenas intenciones, que para algunas víctimas se ha convertido en una «tomadura de pelo».
Es más, algunos damnificados consultados por este periódico no descartan que el desarrollo de la ley vea la luz este verano –incluso este mismo mes– para contrarrestar de alguna forma una posible sentencia en contra de la ‘doctrina Parot’. La última previsión apunta a que el alto tribunal europeo podría pronunciarse sobre esta cuestión en septiembre.
No cabe duda de que las aguas bajan revueltas. Habrá que ver, en cualquier caso, cuál será la decisión que adopten los diferentes colectivos de damnificados ante el homenaje del Congreso. Las ausencias parecen aseguradas. La incógnita será cómo se materializará finalmente el plante, si optarán, si no todas, un número significativo de agrupaciones por no acudir a la cita –como ha sucedido en años anteriores– o darán un paso más y lograrán acordar en las próximas semanas –por ahora hay opiniones dispares– una protesta general a las puertas de la Cámara baja.