EL MUNDO – 14/12/14
· El presidente de la Audiencia Nacional justifica en San Sebastián las sentencias opuestas dictadas porque la ley de la UE es «compleja»
La disparidad de criterios entre víctimas, jueces y Gobierno por la reciente excarcelación de presos de ETA a través del descuento de su condena en Francia se visualizó ayer en San Sebastián. La entrega del premio del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), con presencia del ministro de Justicia, del presidente de la Audiencia Nacional y de familiares de asesinados, dio pie a un intenso debate alejado de la cortesía que suele presidir este tipo de eventos.
Miembros de Covite y una víctima de Hipercor cuestionaron la gestión de magistrados y Gobierno de la normativa marco europea que ha permitido poner en libertad a Santiago Arrozpide Sarasola, ‘Santi Potros’, y Alberto Plazaola. El ministro, Rafael Catalá, quiso tranquilizar a los presentes expresando su confianza en que el Tribunal Supremo, cuyo pleno se reúne el martes, unifique criterios y se incline por las tesis que se oponen a rebajar en España penas a presos de ETA por sentencias dictadas en otros países de la UE, lo que evitaría nuevos casos como los dos citados.
Tras las intervenciones de la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, el titular de Justicia y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, se abrió un turno de preguntas. En él, el moderador, Antonio María Recio, y la propia Ordóñez no ocultaron su malestar por el hecho de que no se hubiera agilizado la trasposición de la normativa europea al Derecho español, con las reformas introducidas ahora por el PP para frenar excarcelaciones; y consideraron que el Estado pudo hacer también más para neutralizar los efectos de la abolición de la ‘doctrina Parot’. El momento más tenso llegó cuando José Vargas, víctima del atentado de Hipercor, reprochó a Navarro Miranda la división de la Audiencia Nacional, con una Sección Primera que aprobó rebajar la pena a Arrozpide y Plazaola, mientras la Segunda denegaba idéntica petición a otro preso de ETA, Iñaki Bilbao.
El presidente de la Audiencia Nacional y el ministro de Justicia se esforzaron por aclarar la situación. Navarro Miranda defendió la «profesionalidad» e «independencia» de todos sus jueces y justificó en la «complejidad» de la ley europea las sentencias contrapuestas. Catalá destacó que la reforma legal introducida por el PP «garantiza que no se lleven a cabo descuentos de cumplimientos de condena como consecuencia de otras sentencias dictadas en la Unión Europea». Esta reforma, sin embargo, entró en vigor con posterioridad al auto de ‘Santi Potros’ y Plazaola.